Tribuna Abierta La pícara Barcina

Y es que el Tribunal Supremo acaba de avalar, sin un ápice de duda, algo temible: que la desvergüenza y las conductas indecorosas y asociales no son delito, materia susceptible de ser juzgada, y que, en consecuencia, si tienes poder político, económico y social puedes hacer lo que te de la gana, enriquecerte de la manera que sea, retorcer las leyes y el sistema legal, recurrir a tus iguales para que te protejan... mientras no te descubran... y si te descubren, también. En todos los establecimientos públicos de Bolivia hay colgado de manera preceptiva un cartel que dice que todos son iguales ante la ley... en España, no. Salta a la vista.

Además, lo que ha sucedido en Navarra no es que la banda de la Barcina se haya forrado, sino que los "abertzales" descubrieron la espesa trama, la invisible gallina de los huevos de oro, la cueva de Ali-Babá y su Ábrete sésamo por lo legal. Cueva y frase mágica que el Tribunal Supremo acaba de avalar como algo propio de la clase dirigente, de la casta gobernante. La culpa, el mensajero. De esa forma todo se explica. Era y es un asunto político, y así ha sido tratado.

El Tribunal Supremo no es que haya exculpado a la pícara Barcina, sino que ha impedido que se la investigue, que se le obligue a declarar, que esas declaraciones sean públicas, que el resultado de esos interrogatorios y aportaciones documentales dañe aún más la imagen de un partido y de un gobierno con maneras mafiosas al que la presidenta del Gobierno de Navarra está asimilada.

El TS se ha atrincherado detrás de una declaración de principios jurídicos que sanciona, insisto, que quien tiene poder puede hacer lo que le de la real gana. Sanciona que si el que tiene poder, desde sus puestos de poder político, encubre sus actividades de enriquecimiento injusto, abusivo y asocial convirtiéndolo en legal, no se le puede exigir que responda ante nadie y ante nada, porque no hay ley aplicable.

El Tribunal Supremo dice no poder juzgar conductas sociales, políticas o éticas, es decir que se sujeta única y exclusivamente al ordenamiento jurídico y a su articulado. Bien está, a eso se llama "imperio de la ley" o "estado de derecho" o algo más que no me acuerdo porque para qué. No entra a valorar si la conducta de la Barcina carece de una ética elemental o es por completo asocial en un momento de descalabro social y económico nacional, y en cualquier otro también. Otra cosa es que el TS no quiera encontrar la ley aplicable al caso. Pero si el TS no puede apreciar esas cuestiones que ponen en tela de juicio a quien detenta el poder, es la opinión pública la que lo aprecia desde hace mucho además. Como mucho, ellos hablan de decisiones erróneas: desvergonzados. Sobre el abuso, la burla.

Lo que hasta ahora quedó probado por la instrucción es que la Barcina cobró por no hacer nada y de manera no opaca, sino encubierta, y que a eso, ella, terca y pícara, le llama "honradez y honorabilidad". Y es que solo un pícaro puede sostener que cobrar por no hacer nada y de manera encubierta, es honrado y honorable. Y sus secuaces la siguen por esa trocha.

Si tan segura estaba la Barcina de su honradez y honorabilidad ¿por qué devolvió las cuantiosas dietas cobradas por no hacer nada a sabiendas de que era por ese motivo y por ser vos quien sois? Esta es una pregunta retórica porque ya dijimos que era una triquiñuela para por si acaso, un gesto de mala comedia procesal dirigido al tendido en el que ella acostumbra a ver la corrida. Tenía miedo. La habían pillado con las manos en la masa. La instrucción de la jueza no dejaba lugar a dudas: había habido enriquecimiento, maniobras de ocultación y encubrimiento, opacidad. ¿Por qué la tropilla de cucos no sigue cobrando ahora de esa o de otra gallina de los huevos de oro si hacerlo es honrado y honorable? No, mejor no les demos ideas.

Algo falla de manera estrepitosa en este asunto. La sala de admisión del TS viene a reconocer que sí, que existen conductas asociales, faltas de ética, de abuso de poder (mala praxis política), pero que escapan a la legalidad vigente, es decir, que en el ordenamiento jurídico español hay lagunas legales, amplias zonas grises no cubiertas por ley positiva alguna, que en la práctica alientan la corrupción y el abuso, y la actividad política como un negocio del que lucrarse sin cuidados. Algo, mucho más que simple cohecho. No se ve que al Tribunal Supremo le inquiete esta cuestión. No va con ellos, ellos a los códigos, a la jurisprudencia, a la vaga doctrina, y a cobrar por ello. Si se hunde el mundo que se hunda. La falta de decoro público no va con ellos.

¿Quién castiga o reprende la falta de ética, la acción asocial, la mala práctica política? ¿El electorado? Mal asunto. Está quedando de sobras probado que el electorado puede poner en puestos de gobierno a auténticos mafiosos y que la justificación de poder ejercer el poder con falta de ética y de manera asocial, es el resultado electoral. Algo temible salvo para quien tal estado de cosas vota a sabiendas de que apoya el abuso y salvo para quien de esa forma obtiene el aval público de sus trapacerías. No solo avalan el convertir la actividad política en un negocio indecoroso, sino que elevan este a signo de distinción de clase: son sus héroes, su ejemplar modelo social. La Barcina lo es, con todos los atributos de su arrojo, precisamente por estos.

No se trata ya del caso lamentable de la pícara Barcina y las dietas de la CAN, sino de algo de más largo alcance: de un tosco estado de deformación nacional que alcanza a todos los estamentos del Estado, empezando por la alta magistratura y seguido de cerca por un Congreso que la mayoría parlamentaria reduce al aplauso incondicional o a la mudez.