COINCIDIENDO con el inicio de las vacaciones de millones de ciudadanos, el gobierno de Rajoy dio ayer luz verde al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ahora deberá iniciar su trámite parlamentario. El ejecutivo aspira mediante esta nueva norma básica a ahorrar más de 8.000 millones de euros durante los próximos seis años, para lo que plantea el cumplimiento de cuatro grandes objetivos: eliminar de los ayuntamientos aquellas competencias que puedan generar duplicidades con otras administraciones (educación, sanidad y servicios sociales); instaurar la eficiencia y el equilibrio presupuestario como los principios rectores del poder local; garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso; y favorecer que la iniciativa privada preste algunos de los servicios que hoy ofrecen las administraciones municipales. El proyecto nace tras un fuerte varapalo del Consejo de Estado, el rechazo de toda la oposición y el de muchos alcaldes del PP, y con una crítica radical de las instituciones vascas. Tanto el ejecutivo de Urkullu, como las tres diputaciones forales y Eudel coinciden en destacar que la Ley no respeta la Constitución y el Estatuto de Gernika pues homologa a los municipios vascos con los del régimen común y no respeta ni la tradicional autonomía de los ayuntamientos vascos ni la tutela que sobre ellos han ejercido las diputaciones forales. Es inaceptable que el proyecto de Rajoy interfiera de esta manera en la autonomía municipal vasca y anteponga objetivos financieros y economicistas a los valores democráticos que se han erigido en los pilares de la experiencia municipal vasca como son la participación, la proximidad o la calidad de los servicios prestados. Tampoco es de recibo que la Ley haga abstracción de la situación saneada y de equilibrio presupuestario que la mayoría de los consistorios vascos presenta ni que obvie el rigor con el que las diputaciones han desarrollado su tarea de control y tutela. Es importante que todos nuestros representantes políticos e institucionales hagan frente a esta nueva injerencia en el autogobierno vasco e intenten que el trámite parlamentario sirva para la reforma de la Ley o, en su caso, para evitar su aplicación en Euskadi y la fulminación de la vigente institucionalización de nuestro país.
