CUANDO el caso Bárcenas parecía enrocado en el trámite judicial de rigor, el extesorero del Partido Popular decidió hace unos días desdecirse de sus palabras, tirar de la manta y apuntar a bocajarro a la plana mayor del partido de Mariano Rajoy.

Tras aparecer publicados en la prensa unos supuestos SMS que demostrarían el mantenimiento de conversaciones entre el actual presidente del Gobierno y el extesorero encarcelado en Soto del Real, Luis el cabrón (seudónimo con el que se le señalaba en el sumario de la trama Gürtel) acudió a declarar ante el juez Ruz, donde reconoció y ratificó como propia la supuesta contabilidad B del PP, reconoció haber cobrado dinero negro de empresarios corruptores durante décadas, y donde afirmó haber entregado en mano 90.000 euros de la supuesta caja B del PP a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal durante 2009 y 2010.

Esta presunta trama cuasimafiosa no hace sino constatar públicamente una vez más lo escaso (por no decir inexistente) del llamado sistema democrático en este país, y lo imperioso de construir un nuevo sistema en el que la democracia participativa sea la punta de lanza que lo abandere, garantizando mecanismos verdaderamente democráticos, que frente a atrincheramientos institucionales como el del actual presidente, permitan a la ciudadanía revocar en cualquier momento a los representantes públicos que considere indignos de ostentar sus responsabilidades.

En estos apenas dos años de mal-gobierno popular no solo hemos comprobado cómo el señor Rajoy ha incumplido todas y cada una de sus promesas electorales construyendo día tras día el mayor fraude democrático electoral de la historia reciente del Estado español (no aplicar el copago farmacéutico, no recortar en políticas activas de empleo, no subir el IVA, no abaratar el despido, no recortar en sanidad, educación y pensiones, no subir la luz, no aplicar una amnistía fiscal y un sinfín de mentiras más), sino que, al publicarse los ya de sobra conocidos SMS del tándem Bárcenas-Rajoy, hemos constatado fehacientemente cómo el señor Rajoy ha tenido incluso la osadía de intentar engañar burdamente al Congreso de los Diputados (órgano constitucional que representa al pueblo español), afirmando en sede parlamentaria en varias ocasiones que ni él ni su partido mantenían contacto con el señor Bárcenas desde hacía meses o incluso años.

Llegados a tal punto del esperpéntico caso Bárcenas, es imprescindible cuestionarnos qué cabida o qué legitimidad tiene a día de hoy en las instituciones una organización como el Partido Popular, la cual presuntamente llevaría financiándose de forma ilegal durante por lo menos las dos últimas décadas, y en la que todo hace apuntar que la gran mayoría de sus dirigentes y cargos públicos, en el mejor de los casos conocían estas presuntas prácticas mafiosas cuando no eran ellos mismos los que presuntamente se beneficiaban de ellas. Siendo osados y yendo más allá, deberíamos preguntarnos hasta qué punto estaría justificada la legalidad del Partido Popular en el supuesto de que se demostrase la veracidad de la presunta contabilidad B. Atendiendo a la tan defendida por ellos mismos Ley de Partidos del 2002, la cual en su propia exposición de motivos señala que su objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático "impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades", ¿sería cuestionable la legalidad de esta organización?

Sin desviar lo más mínimo la atención de los presuntos corruptos, tampoco debemos dejar de apuntar, señalar y exigir responsabilidades a la otra pieza clave del caso Bárcenas, los presuntos corruptores. Todo aquel que, creyéndose miembro de una casta superior e inviolable haya participado en el baile de los sobres marrones motivado por vaya a saber usted qué oscuro e interesado motivo, debe ir a parar con el extesorero a Soto del Real de forma inmediata e incuestionable.

Con este panorama, más propio de la familia Corleone que de un gobierno del llamado primer mundo, es imprescindible exigir la inmediata dimisión del Gobierno en pleno del señor Rajoy y la convocatoria inmediata de elecciones en las que la ciudadanía del Estado español pueda expresar su legítima voluntad. Ante el descrédito constante que sufre en la actualidad el sistema político por tramas, escándalos y personajes como el señor Bárcenas, es hora de reclamar una verdadera alternativa política, económica y social que rompa de forma tajante y definitiva con el sistema imperante.

La apertura de un proceso constituyente que acabe con el bipartidismo corrupto, con la antidemocrática monarquía, con el sometimiento económico financiero a los neoliberales dictámenes de la troika, y con todo el anquilosado sistema apuntalado en la Constitución del 78 prostituida por la reforma de su artículo 135, se presenta hoy en día como una necesidad social ineludible.

Este proceso constituyente debe tener como bases incuestionables la construcción de un nuevo sistema en el que las realidades y aspiraciones de las distintas regiones y naciones que conforman nuestro Estado encuentren acomodo en el marco de una república federal que reconozca y garantice el derecho de autodeterminación de los pueblos, y en la que ni tan siquiera la jefatura del Estado no esté bajo la tutela de la ciudadanía, en la que exista una verdadera democracia participativa que garantice mecanismos democráticos con los que la ciudadanía pueda expresar su voluntad siempre que lo desee e incluso pueda llegar a revocar a los representantes públicos que estime oportuno, un sistema en el que el Estado controle y planifique los sectores estratégicos de la economía teniendo siempre en el centro de sus políticas el interés de la mayoría social trabajadora, y en el que la educación y la sanidad pública, junto con el empleo, la vivienda, las pensiones, los servicios sociales y la sostenibilidad ecológica sean garantizadas de forma incuestionable por el Estado.

Como dijo Salvador Allende, "la historia es nuestra y la hacen los pueblos". Pues bien, salgamos a las calles, organicemos la rebelión democrática y hagamos dimitir a los indignos.