LA declaración ante el juez Pablo Ruz del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la que admite la autoría de la contabilidad B del PP mantiene bajo control el alcance de la onda expansiva de sus revelaciones. Bárcenas busca una salida a su situación personal pero, de momento y a la espera de la comprobación de toda la documentación aportada, no ha dado pie a que se altere la consideración penal de los políticos concernidos. Bárcenas, es cierto, ha confirmado pagos en metálico a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal y los ha situado en fechas por las que, y esto sí es novedoso, no habrían prescrito. Pero las cantidades especificadas por el extesorero en ambos casos no alcanzan para su tipificación como delito fiscal. Bárcenas apunta contra Rajoy despechado por haberle abandonado a su suerte -tal y como han revelado los SMS publicados este fin de semana-, y contra Cospedal, a quien considera la fuente de todos sus males. Y en cuanto a la confirmación de la existencia de la contabilidad B llevada por el propio Bárcenas -como gestor responsable de un delito de ocultación a Hacienda se le podría condenar a siete meses de cárcel sin cumplimiento efectivo y no justificaría su permanencia en prisión-, que revelaría donaciones anónimas de hasta 7,5 millones por parte de 9 empresarios superando el límite fijado por la Ley de Financiación de Partidos antes de 2007, tampoco tiene consideración de delito salvo que pueda derivar a una acusación de cohecho. Es decir, habría que probar adjudicaciones de contratos públicos que hasta el momento no parece que se hayan podido justificar jurídicamente lo suficiente. Pero este último apartado puede ser un arma de doble filo, al apuntar directamente a una donación concreta en 2011 con la que intentaría añadir un delito electoral que, de avanzar, sí salpicaría de lleno a la cúpula popular y concretamente a Rajoy. En cualquier caso, nada resta las responsabilidades políticas de cada cual por los irregulares cobros de sobresueldos en el ejercicio de cargos públicos, por las evidencias de financiación ilegal del PP o por haber mentido descaradamente a la opinión pública al tratar de negar los primeros y la segunda. Y esa responsabilidad, llegue a donde llegue la voladura controlada de Bárcenas, sí afecta a Rajoy y a la mayoría de dirigentes del PP en las tres últimas décadas. Como dijo De Cospedal, "que cada palo aguante su vela".
