la renovación de un tercio de los componentes del Tribunal Constitucional que acaba de llevarse a cabo en sus respectivas cuotas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supone el más claro y descorazonador ejemplo de politización de la justicia, de ruptura de los principios democráticos basados en la separación de poderes y del intento de control absoluto de todos los resortes de poder que ejerce el PP gracias a su mayoría absoluta. Si la anterior composición del Constitucional respondía ya de forma evidente a los intereses que en cada momento proyecta el partido en el Gobierno, las nuevas incorporaciones suponen una vuelta de tuerca, con los clásicos bloques de conservadores y progresistas -unas categorías huecas que en realidad responden a la obediencia al PP o al PSOE- en una correlación favorable ahora a los primeros. El Ejecutivo de Rajoy ha colocado en el tribunal de naturaleza más política a Pedro González-Trevijano y Enrique López, dos de los juristas más acordes con la derecha gobernante y con lo que ésta espera de futuras sentencias constitucionales. Ninguno de los dos ha ocultado sus ideas reaccionarias, en particular López, que se granjeó una merecida fama de sectario en su etapa como portavoz del CGPJ. Por su parte, el órgano de gobierno de los jueces eligió al magistrado conservador Santiago Martínez-Vares yl progresista Juan Antonio Xiol. Esta renovación en el alto tribunal supone otra oportunidad perdida, un descrédito añadido a la política y a la justicia y un fraude democrático hacia la ciudadanía. El juego de mayorías tan del gusto del bipartidismo español se impone otra vez sin que se vislumbre un cuestionamiento real del sistema de reparto descarado de cuotas en el poder judicial. Con ello, el Gobierno del PP se asegura el control sobre todos los poderes del Estado y de sentencias constitucionales en asuntos clave como la organización territorial, el ámbito competencial, la reforma laboral o el aborto. Una involución en toda regla. Visto desde Euskadi, además, el Constitucional se vuelve un elemento distorsionador, pues Rajoy ha colocado a sus peones para cortar apuestas soberanistas o propuestas que busquen mayores cotas de autogobierno y modular a su gusto el proceso de paz.
