cuando el empleo no aumenta, la economía sólo crece en la medida en que lo hace la productividad del trabajo. Los datos de los últimos 50 años indican que el empleo sólo se relaciona de forma positiva con el crecimiento cuando éste es superior al 2%. Por debajo de esa cifra, todo el crecimiento es resultado del aumento de la productividad, no de empleo nuevo. En la economía española, la creación y destrucción de empleo es muy fuerte en cada ciclo económico. Entre 1975 y 1985 se destruyeron más de 2,1 millones de empleos, que se recuperaron entre 1986 y 1991. La crisis de 1992-94 destruyó 650.000 empleos y en los tres años siguientes se creó un millón. La burbuja del euro permitió crear cerca de seis millones de empleos, y el pinchazo de la misma lleva destruidos 3,5 millones. La reforma laboral reconoce este fuerte impacto del ciclo económico en el empleo, pero aplica una medicina equivocada.
Los economistas neoliberales consideran que el problema se resuelve flexibilizando el precio del trabajo. Si se consigue un sistema en el que los salarios se reduzcan en las fases de contracción económica -dicen- la destrucción de empleo sería mucho menor y en la recuperación, si los salarios crecen, la creación de empleo también sería menos acusada. De este modo se quiere reducir la variación cíclica del volumen de empleo.
El problema con este diagnóstico es que no son los salarios los que determinan las variaciones en el volumen de empleo, sino otros dos factores: uno estructural sobre el tipo de actividad productiva y otro coyuntural sobre la rentabilidad esperada de las inversiones.
Una economía basada en la producción agrícola y los servicios turísticos y la construcción -como el levante y sur español- siempre va a ajustar las cantidades de empleo en función de la coyuntura y economías como la vasca -con mayor peso de la industria y los servicios- generan menores variaciones coyunturales en el empleo. Y sobre la rentabilidad de las inversiones, ésta depende del precio y del volumen de las ventas. Y es aquí donde la medicina de la reforma laboral es más perniciosa porque, al provocar una contracción salarial, reduce el peso de la demanda doméstica y, por tanto, las expectativas de ventas y de beneficios.
La evolución del trabajo en el mercado, previsiblemente, nos aboca a una década de recesión y destrucción de empleo. ¿Significa esto que los gobiernos no pueden hacer nada, salvo encomendarse a Santa Rita y a San Judas Tadeo? Entre crear las condiciones para que se cree empleo y crear empleo se encuentra la línea de demarcación entre quienes consideran que la actuación pública se tiene que limitar a apoyar al mercado y quienes asignan un papel más activo al Estado.
En las economías modernas, una parte significativa del empleo no se genera en el mercado, sino en el sector público para generar rentabilidad social.
Las necesidades sociales insatisfechas son muchas en un Estado que nunca completó la modernización asociada a la protección social universal, garantía del nivel de vida de los ciudadanos. Hay ahí un nicho de empleo muy importante, prácticamente la única posibilidad de recuperación masiva del empleo a corto plazo. Sin embargo, hay dos graves dificultades. Una de tipo político-ideológico, ya que la crisis está siendo aprovechada como coartada para imponer un régimen laboral que anuncia el final de la época de los pactos sociales y la negociación colectiva y la privatización de sectores enteros del Estado es una imposición de las grandes corporaciones beneficiarias de ese proceso, por lo que la expansión del sector público es algo que simplemente no se contempla. Y el otro problema es la caída en la recaudación en la Hacienda española, sin parangón en Europa.
El problema es cómo y dónde recaudar. A la tradicional evasión fiscal se añade que el crédito a las empresas se ha reducido en 143.000 millones de euros. Con una estructura empresarial basada en tres millones de microempresas de situación financiera frágil y 4.000 grandes firmas fuertemente endeudadas, muchísimas empresas enfrentadas al cierre del crédito han dejado de pagar los impuestos que les tocan.
Pero a pesar de los más de 200.000 millones de euros inyectados a la banca, el crédito no se ha normalizado, pues se han utilizado para financiar el creciente endeudamiento público, en una clara manifestación de la total incompatibilidad para los países sobre-endeudados de la eurozona de generar empleo y pagar las deudas al mismo tiempo. Y la única alternativa de reclamar una reestructuración de la deuda pendiente está obturada por el procedimiento establecido para aplicarla, el rescate de la troika, que se acompaña de privatizaciones y destrucción de la autonomía del Estado. ¿Una situación sin salida? Salvo rupturas insospechadas, así es, al menos en los próximos años.
