en la ocupación durante diez días de una zona del Boulevard de Donostia por jóvenes afines a la izquierda abertzale que trataban de impedir el cumplimiento de la orden de prisión para ocho militantes de Segi y su desalojo ayer por la Ertzaintza para proceder a las detenciones, en una operación proporcionada que no necesitó de medidas antidisturbios o de fuerza, confluyen cuatro ámbitos de responsabilidad que han influido en el desarrollo de los acontecimientos debido a sus distintos grados de cumplimiento. En primer lugar, la responsabilidad que compete al gobierno del alcalde Juan Karlos Izagirre, cuya permisividad ante la ocupación de un espacio público durante diez días -seguramente por mera afinidad ideológica con los ocupantes- se desentiende de la normativa municipal y desoye los eventuales inconvenientes causados por una protesta de la que debe considerarse su aspecto democrático y pacífico, pero también sus carencias en el imprescindible respeto a la pluralidad ciudadana. En segundo lugar, la responsabilidad mostrada por los convocantes de la concentración y los concentrados al limitarse a la resistencia pacífica, sin permitir esta vez las actitudes violentas que durante décadas han caracterizado a las protestas de ese sector político, en una confirmación de que los largamente esperados nuevos tiempos deben construirse sobre nuevas bases y talantes. En tercer lugar, la responsabilidad policial que responde a la actitud que se pretende en la Ertzaintza y se trasluce de los tiempos empleados para realizar el desalojo, el despliegue de los efectivos necesarios, la utilización del diálogo y el empleo de métodos medidos que, conjugados con la actitud en la protesta, han evitado situaciones indeseadas que sólo hubiesen contribuido a alarmar y amedrentar a toda la ciudadanía. Y en cuarto lugar, la responsabilidad de los poderes del Estado, llamados a entender que los enjuiciamientos políticos -aunque en este caso se tratara de acusaciones relacionadas con la kale borroka- por pertenencia a determinadas formaciones tampoco forman parte de una proceso de normalización como el que se desarrolla en Euskadi y que tanto desde el Gobierno del PP -es decir, la Fiscalía- como desde la judicatura deben, si no apoyar, sí al menos preservar.