jamás el rey podía haber imaginado que seis palabras pronunciadas en su mensaje de Nochebuena de 2011 ("la Justicia es igual para todos") afectarían a una de sus hijas. La imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos representa un hecho histórico. Primero, porque aunque se trate de una figura procesal sin más consecuencias prácticas que la de declarar acompañada de abogado, ya se ha convertido en la primera integrante directa de la Familia Real que, si no prospera el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, es citada a declarar. Con lo que eso daña la imagen de la Monarquía. Y segundo, porque a partir de ahora se abre una nueva etapa judicial, porque si finalmente la infanta -la primera mujer de la Casa Real con un título universitario- acude a declarar, tendrá que desmontar fehacientemente los 14 indicios que ha encontrado el juez para citarla.

La imputación no significa que vaya a ser procesada pero Cristina tendrá que demostrar que no se benefició del negocio ilícito que montó su marido. Tendrá que demostrar que, siendo vocal directiva de la fundación Nóos y copropietaria de Aizóon, empresa que compartía con su marido y que se utilizó para desviar seis millones de euros, no fue cooperadora necesaria de los delitos que se le atribuyen a su marido. O si, como se constata en los últimos correos electrónicos aportados por Diego Torres, Iñaki Urdangarin no le consultaba todas las actividades de la entidad antes de tomar una decisión o si prestó o no su consentimiento a que su parentesco con el rey fuera utilizado para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas. Ni más ni menos.

Ha tenido que transcurrir un año para que la estrategia puesta en marcha por el exsocio de Urdangarin tuviera éxito. Las bombas han explotado en Zarzuela. La táctica de facilitar al juez, de manera dosificada, cientos de mails que sacó de los ordenadores que compartía con el duque de Palma ha convertido a priori a Torres en ganador, pese al recurso presentado para evitar la fotografía de la infanta entrando en los juzgados y pese a dar Zarzuela un golpe de efecto eligiendo a Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución, para defenderla aun no estando especializado en Derecho Penal sino en Mercantil y Fiscal.

Socialmente la etapa que se abre ya no admite engaños. Con 5 millones de parados ha calado la sensación de que mientras unos se levantan de madrugada para ir a trabajar otros se lo llevan crudo. Y es en este contexto donde la calle quiere comprobar si la ciudadana Cristina Federica de Borbón y Grecia es igual ante la Justicia. La misma igualdad que pedía el rey -pero para otros ámbitos- en la entrevista que concedió a TVE con motivo de su 75º cumpleaños cuando aseveró eso de que "falta una España más igualitaria".

Ante este escenario alguien debería ofrecer ya una explicación clara y convincente. Las épocas del no comment deben quedar atrás. En Política (donde el Gobierno debe dejar claro también las reuniones con Corinna) y en Monarquías. La Casa Real no puede aguantar ni un día más sin dar explicaciones. ¿Qué es eso de "no comentamos decisiones judiciales" o que se muestran "sorprendidos" por la actitud del juez Castro? Lo que estamos viviendo era el peor escenario para La Zarzuela pero tenía que estar previsto. No vale que quede todo en apartar de la agenda oficial a determinadas personas.

Los problemas en la Monarquía británica comenzaron cuando en las fotografías oficiales el número de personas no relacionadas históricamente con los Windsor aumentaba. En España ha ocurrido lo mismo. De un tiempo a esta parte se ha traspasado la frontera de lo moralmente aceptable. Aquello de que si una Monarquía no es ejemplar, no sirve.

Desde hace varios años circula por La Zarzuela un estudio titulado Monarquías como marcas corporativas, dirigido por el profesor John M.T. Balmer, de la Universidad británica de Bradford. En él se analizan las fortalezas y debilidades de las Casas Reales europeas. Entre sus activos, el informe enumera por ejemplo la estabilidad política que proporcionan al Estado o su refuerzo de la imagen exterior del país. Sin embargo, el estudio afirma que si las Monarquías deterioran su reputación y prestigio por conmociones internas, si pierden el favor de la calle, están abocadas al ocaso.

En España, las últimas encuestas reflejan cómo sólo un 53,8% de los ciudadanos da el visto bueno a la Casa Real, seis puntos menos que en 2012. Y hay estudios en los que la sociedad actual valora mejor a los inspectores de Hacienda que al rey. Por eso y antes de que sea demasiado tarde, alguien debería activar una estrategia que alivie institucionalmente la presión a la que esta sometida diariamente esta olla. Empezando por eliminar a la infanta Cristina de la línea sucesoria, por una renuncia voluntaria de la Corona a cualquier privilegio, por un impulso a reformas que les legitimen para un nuevo contrato de servicio público y finalmente por la abdicación del rey, como ocurrirá en Holanda el 30 de abril.