la propuesta de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Entidades Locales redactada por el Gobierno de Madrid constituye un paso adelante en la construcción del modelo de sociedad que defiende el PP y que ataca duramente las bases del Estado de Bienestar. La excusa de la crisis está sirviendo de marco para una serie de cambios avalados por la mayoría absoluta del PP que tendrán difícil marcha atrás y que suponen recortes de derechos de las personas trabajadoras y de los servicios públicos, además de una recentralización del Estado.

La crisis es la excusa y el objetivo es una sociedad en la que el Estado de Bienestar sea una sombra del pasado. Pues eso es lo que ofrece la ley de las entidades locales, que matará el entramado municipal tal y como lo conocemos.

Que la ley la presentara el ministro de Hacienda dice mucho de qué se pretende conseguir mediante la misma: ahorro y no una administración más eficiente. Ahorro porque, según nos han intentado convencer, los alcaldes y concejales -así, en general, da igual que hablemos de Madrid o de Legutio- cobran demasiado y nos dicen que hay miles de asesores contratados a dedo, que suponen poco menos que la razón de la crisis económica, también da igual que hablemos de Valencia que de Zigoitia. Estos desmanes justifican una intervención brutal para el entramado institucional y, lo que es más importante, para las personas que la van a sufrir.

Y esto es la teoría, la valoración política de la medida, pero la práctica es todavía más demoledora. La ley supone una amenaza seria para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y más seria todavía para los de menos de 5.000. En Araba, todos salvo Gasteiz y en los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria, todos menos en 16. Por supuesto, la reforma del PP se carga directamente los entes municipales menores: los concejos y juntas administrativas que tan importante labor hacen en el herrialde, y toca también a las cuadrillas, que para los núcleos más pequeños suponen la única posibilidad de ofrecer servicios a los vecinos y vecinas.

Sabiendo ya qué pretende la ley, las preguntas lógicas son cuánto ahorrará y qué supondrá para la ciudadanía. Pues ahorrar, en Araba es el chocolate del loro. Aquí no hay alcaldes y concejales con sueldos millonarios. Por no hablar de las personas que dirigen los concejos, que no cobran ni dietas y su trabajo es totalmente altruista.

De hecho, la ley que pretende avanzar en la política de austeridad de la que hace bandera el PP se carga las instituciones más rentables del entramado institucional y no hay dinero para que ayuntamientos o Diputación asuman el gasto del trabajo que realizan de manera desinteresada las personas que forman parte de los concejos.

Araba tiene una estructura geográfica e institucional muy específica. Existen núcleos muy extensos y muy divididos. Así, en el municipio de Aiara hay un ayuntamiento, 23 concejos y 24 pueblos. También en Gaubea hay 23 juntas administrativas y en el propio Gasteiz medio centenar. Además, teniendo en cuenta que mayoritariamente son ayuntamientos muy pequeños, éstos necesitan asociarse en cuadrillas para dar unos servicios de más calidad a mejor precio en aspectos tan importantes de la vida diaria como la gestión de las basuras o para potenciar la economía local.

El trabajo de los concejos y juntas administrativas es absolutamente necesario para mantener la vida de los pueblos, la vida más allá de Gasteiz. Los concejos se ocupan de necesidades básicas de la ciudadanía como el alumbrado, el agua potable y el saneamiento, del mantenimiento de los caminos, el desbroce o las suertes de leña. Además, hacen una valiosísima tarea de mantener el trabajo comunitario en auzolan, imposible de organizar en comunidades mayores. Son los encargados de gestionar sus montes y patrimonio, sin su trabajo y dedicación estos espacios verdes no estarían en las condiciones actuales, que son orgullo de todos y todas.

¿Quién va a asumir esta labor en los pueblos? ¿Los ayuntamientos que ya están ahogados económicamente y van a disponer de menos responsables políticos y, en el mejor de los casos, el mismo personal? ¿La Diputación, desde la lejanía y el desconocimiento?

La ley plantea un "nuevo modelo de gestión municipal por resultados" -resultados económicos, se entiende- pero ¿se puede plantear en términos económicos si es posible mantener un consultorio pediátrico o una haurreskola en un municipio?, ¿se puede plantear un catálogo de servicios para la tercera edad simplemente rigiendo términos económicos?

Los pueblos pequeños no son económicamente rentables. Entonces, ¿qué hacemos? Según Mariano Rajoy, nos los cargamos directamente. Y después encargamos a las diputaciones forales que se hagan cargo de estos servicios a un precio estipulado -el mismo para Cáceres que para Araba- y sin contratar más personal. De este modo la única salida es la privatización o la desaparición.

Y ya hemos llegado al objetivo final de la ley de rimbombante nombre: recortar servicios sociales y privatizar. Es el modelo de sociedad que nos ofrece la derecha del PP.