el informe anual de actividad del Ararteko, que ayer fue entregado al Parlamento Vasco, desvela las deficiencias constatadas en las relaciones de las administraciones publicas con los ciudadanos, pero también sirve para constatar las inquietudes y necesidades prioritarias de la sociedad vasca, en esta ocasión marcadas por las consecuencias de la crisis económica. Ese ámbito, que también debería configurar la preocupación y la responsabilidad principales de quienes gestionan la res pública vasca en todos sus niveles -y que se refleja en las 2.943 quejas presentadas al Ararteko el pasado año-, está en esta ocasión nítidamente relacionado con los derechos sociales y el Estado de Bienestar. Seis de cada diez reclamaciones se originan respecto a las prestaciones, recursos y políticas públicas derivadas de las necesidades sociales y más de la mitad se ciñen a la educación, la sanidad, la protección social y la vivienda. Esa nitidez, por tanto, marca -o debería hacerlo- las prioridades de actuación en lo inmediato de las administraciones públicas, incluyendo en ellas a quienes desde la oposición llevan a cabo la labor de control sobre su gestión, y les obliga a extremar el celo en lo social, en la protección, mantenimiento y, si cabe, refuerzo de los servicios esenciales para evitar la desconsideración política de las mismas o que errores, premuras o análisis incompletos al tratarlas generen problemas y carencias añadidos al ciudadano. En otras palabras, para evitar que se repitan "los fallos" -en palabra del propio Ararteko- que durante la pasada legislatura se hicieron evidentes, por ejemplo, en la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, una vez trasladada esa responsabilidad a Lanbide pese a no dotar a este servicio de las herramientas pertinentes. Sin embargo, hacerlo -dotar a este y otros servicios públicos de medios y posibilidades de actuación- exige en la actual situación de crisis y disminución de recursos ir más allá de la imprescindible diligencia en la gestión y elevar la responsabilidad al plano político, tanto en el caso de que los representantes públicos se encuentren en la tesitura de gobernar, como en la de supervisar que la acción de gobierno responda, precisamente, a las necesidades y exigencias de los ciudadanos.
