la prolongada incapacidad para atajar la crisis y sus efectos sociales -con una directa afección al bienestar de los ciudadanos-, la incomprensión ante los oscuros orígenes de una situación que cuestiona el sistema socioeconómico y los principios de la construcción europea o los escándalos de la clase política y altas instituciones del Estado acaban trasladando a la sociedad una globalización de la incompetencia que, sin embargo, conviene matizar. Al cumplirse los primeros cien días del Gobierno de Iñigo Urkullu, la oposición puede criticar la dirección de las políticas, el sentido de las previsiones o la impronta personal de los miembros del Ejecutivo, así como los principios ideológicos que lo impulsan. Pero, en todo caso, debe reconocer que, pese a encontrar las dificultades añadidas del mapa parlamentario y de una situación que se tradujo al final de la legislatura de Patxi López en 6.580 millones de deuda acumulada, 3.404 millones comprometidos y una reducción de la capacidad de gasto de 1.132 millones, ha logrado establecer las bases de su acción de gobierno. Según el último Sociómetro Vasco, la sociedad ya lo admite al dar su aprobación al nuevo Gobierno. Quizás porque en apenas cien días, posiblemente con errores más comprensibles en los inicios, ha presentado un plan que responde a la principal preocupación social, el empleo. Al plan que trata de atajar los problemas de financiación que afectan a la mayor parte del sector productivo vasco -entre pymes y autónomos- y a un proyecto de Presupuestos ajustado -recesivo, pero que trata de salvaguardar los servicios esenciales al ciudadano- se sumó ayer en Lehendakaritza la presentación de un programa de Gobierno para los próximos mil días, que incluye aspectos concretos el ofrecimiento para asumir obras que corresponden al Estado, la revisión de la ordenación territorial, la apuesta por las nuevas energías y por adecuar nuestro sector industrial a ese ámbito de oportunidad, la consideración del trato personal como eje de los servicios sanitarios, la adecuación de la Ertzaintza a las nuevas necesidades sociales, la defensa y evolución de un sistema educativo propio o, de manera especial, el empeño en tejer redes de convivencia que sustentarán la Euskadi del futuro.