la campaña de agitación social y propaganda mediática que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior para intentar presionar a los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos alcanzó ayer cotas de bochorno democrático con la amenaza del ministro Jorge Fernández de recurrir a lo que denominó ingeniería jurídica para saltarse el Estado de Derecho si Estrasburgo confirma la ilegalidad del alargamiento de las penas a los presos de ETA mediante la aplicación de la doctrina Parot. En realidad, la amenaza del ministro no hace sino poner evidencia la inseguridad y debilidad de la posición del Estado español, porque lo que lo que precisamente está juzgando el TEDH es esa misma ingeniería jurídica a la que hace referencia, la ampliación de las penas a algunos presos de forma sobrevenida, con el subterfugio jurídico de la aplicación del derecho penal de autor en función de la coyuntura política. Esta perversa interpretación jurídica no es nueva si se recuerda aquella desafortunada frase del entonces ministro de Justicia del PSOE, Fernando López Aguilar, comprometiéndose a construir imputaciones para frenar el ruido social que el PP había agitado contra el Gobierno de Zapatero ante la excarcelación de José Ignacio de Juana Chaos. También entonces hubo grandes dosis de demagogia y populismo apelando a determinados grupos de víctimas del terrorismo -que han vuelto a recuperar protagonismo mediático- para excitar los más bajos instintos de venganza en la sociedad. Ahora, lo que importa es volver a intentar aquella agitación si la sentencia de Estrasburgo -que ya condenó en primera instancia al Estado español en el caso de Inés del Río- no les permite aplicar la cadena perpetua ilegal como venganza por los asesinatos atribuidos a los miembros de ETA. Y desviar de paso la atención de la opinión pública de los graves problemas socioeconómicos y de corrupción que asuelan al Estado. Ni siquiera la negra historia de Inés del Río y de los otros 89 presos que han visto alargadas sus penas tras cumplir sus condenas -por un largo listado de crímenes en nombre de un pueblo vasco al que nunca han representado- puede justificar anular las bases de un Estado de Derecho garantista y democrático.
