la Comisión Europea acaba de echar un jarro de agua fría por boca de su comisario de Economía, Oli Rehn, sobre las voluntaristas cifras barajadas el pasado miércoles por Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, pero también sobre las previsiones al alza que se venían haciendo para los próximos meses en el conjunto de la economía europea. Bruselas cuestiona además las políticas de recortes y sus derivadas en la recesión económica. Las previsiones sobre el futuro inmediato de la crisis se están debatiendo entre la realidad de estos datos objetivos -la UE ahonda en su recesión con Francia y Alemania- y otras perspectivas aparentemente positivas. Casi todas las previsiones para 2013 en lo que afecta al Estado español estaban revisándose al alza, pero el viernes el comisario de Economía volvió a dar marcha atrás. Pero nada tiene un origen y final claro, y de hecho incluso las realidades más optimistas asumen que cualquier atisbo de recuperación deja fuera al empleo al menos durante este año. Y no es casualidad que el aparente giro en las previsiones económicas que aportan entidades financieras u organizaciones mercantiles internacionales viniera justo después de la última Cumbre de los 27 de la UE y en coincidencia con la reunión del G-20. Sin embargo, centrar los problemas de Europa en el ámbito económico sería obviar la principal parte de una crisis que tiene que ver con la política y con una constitución vertical, salida de una cita que se resumía en el lema Estados de Europa y que no contaba apenas con refrendo entre los 300 millones de ciudadanos europeos. Un problema que, lejos de solventar, se agudizó con la posterior aprobación -también sin refrendo- del Tratado de Lisboa, en vigor desde diciembre de 2009. Si el medio siglo de institucionalización de la UE quizás precisaba de la autoridad del liderazgo de la Comisión Europea, su afianzamiento y continuidad dependerá no de la confianza de los mercados, sino de los ciudadanos. Y no saldrá de la negociación entre los Estados miembros, sino de la aceptación de los pueblos y de su representación en el Parlamento de Estrasburgo. Ése y no el económico es el gran reto del periodo 2014-2020 para la Unión ante la crisis creciente de los valores democráticos, políticos y éticos de este comienzo del siglo XXI.