se ha publicado el informe de 84 páginas que que una comisión de expertos nombrada por el ministro José Ignacio Wert ha elaborado sobre la reforma del sistema universitario español, que intenta completar el modelo de reforma educativa emprendida por el Gobierno Rajoy para las otras enseñanzas y que ha cristalizado en el denostado proyecto de la Lomce, consiguiendo el difícil récord de poner a caso todos en su contra.
Hay dos previos que cuestionan ya de origen la propuesta de reforma universitaria. Por una parte, es prematura. Plantearla cuando todavía está inacabada la aplicación del Plan Bolonia por falta de recursos es un castigo inmerecido para las universidades, cuando no una provocación. Es conocida la inconsciencia del ministro, así como su empecinamiento, pero es dudoso que el Gobierno Rajoy esté capacitado para convertirla en ley con la que está cayendo.
Por otra parte, no hay fondos. Los expertos del informe creen en las bondades de la globalización realmente existente en el mundo, sin cuestionar que las universidades de nuestras latitudes no pueden competir con las universidades de excelencia mundial, que recogen recursos de todo tipo, pueden apostar casi sin límites por la I+D+i, cuentan con revistas de prestigio, captan el capital humano de mayor nivel o dominan los circuitos de visibilidad de las investigaciones y de poder del conocimiento. Ciertamente, no hay que resignarse ante esa situación, pero eso significa recursos económicos que no hay ni habrá para la inmensa mayoría de las universidades públicas del Estado español.
Querer organizar la excelencia sin recursos en un brindis al sol, como ya ocurriera con la propia reforma voluntarista de Bolonia. Aunque también deban recabar fondos en el mercado, identificar la excelencia con la lógica de la rentabilidad a corto invita a las universidades públicas a comportarse como privadas.
El informe tiene algunas cuestiones positivas pero, según sea su aplicación, pueden convertirse en su contrario. Por ejemplo, la conveniencia de una cierta especialización por disciplinas o campos puede convertirse en una pesadilla si las universidades generalistas pasaran a tener dotaciones de puro mantenimiento. Las evaluaciones externas o los contratos programas y planes plurianuales traerían estabilidad a las universidades, pero su idoneidad dependerá del enfoque y las condiciones que impongan los gobiernos autonómicos. Asimismo, es loable la insistencia del informe en las becas e igualdad de oportunidades, pero está desligada de una propuesta realista para financiarlas.
En lugar de un modelo equilibrado de Universidad -de alta formación integral o especializada y de preparación profesional- el informe tiene una preocupante propensión a interiorizar sólo intereses empresariales. Eso hace temer que la necesaria y razonable racionalización universitaria pueda convertirse en una privatización encubierta por abducción. El informe orienta en exceso la universidad a la empleabilidad profesional de la mano de empresas, que también pasarían a estar presentes en el máximo órgano directivo público universitario.
Igualmente, propone una doble vía funcionarial y laboral de acceso del profesorado a la función docente e investigadora. Muy de acuerdo. Pero la apuesta por esta fórmula es válida sólo si ambas figuras se equiparan en exigencias, estabilidad y rango -como ya se ha aplicado en la UPV/EHU- pero de ninguna manera si el personal contratado lo es a dedo y por concursos poco rigurosos, o mediante sueldos precarios y con la intención de ir erosionando la vía de la estabilidad.
Si hay temas que dependen de su aplicación y otros de su articulación, hay otros que son simplemente inaceptables, por concepción. La autonomía universitaria consagrada por la propia Constitución es zarandeada en la propuesta de estructura institucional. Lo dicen dos de los expertos del informe que lo han hecho constar aparte.
La razón de ser básica de la universidad es la transmisión, lo que se debería traducir en mimar la calidad de la docencia. Pero si se da valor exclusivo en el curriculum a la necesaria investigación -la otra misión- minaremos ambas. El informe apuesta por no valorar la docencia en las evaluaciones del profesorado, lo que sólo invitará al desinterés docente y a la obsesión compulsiva por un curriculum de cantidad más que de calidad. Coherentemente con eso se abusa del rol de los sexenios de investigación como criterio único de excelencia en el curriculum y para formar parte de tribunales de evaluación. Sube tanto el listón de estos últimos que sólo unos pocos podrán estar en todos los tribunales imaginables.
Tampoco se entiende que, para la promoción interna, se vuelva al anterior sistema de oposiciones, puesto que se suprimió por ineficiente, dando lugar al mejorable sistema actual.
Pero el mayor problema del informe es la contrarreforma institucional que propone hacia un régimen presidencialista, piramidal y externalizado. Se propone fundir el Consejo de Gobierno y el Consejo Social en un solo órgano decisorio de pocos miembros, con entrada de la mitad de sus miembros no necesariamente vinculados a la Universidad y en el que se le daría vela al Gobierno autónomo. Aunque se exige que los propuestos sean personas de prestigio o empresarios, hay todo el riesgo de que se elijan entre afines a los círculos de poder de cada comunidad. Y se reduce la representatividad del estudiantado y del personal de Administración y Servicios a un solo miembro por estamento.
Pero es que además ese órgano elegiría al rector y, a su vez, en una locura verticalista, sería éste quién designara a los decanos. Se socavaría así el sistema democrático en cada centro. Una pirámide plutocrática perfecta que haría que una elite o una camarilla se hiciera con las riendas de cada Universidad.
Es sabido que el funcionamiento de la Universidad pública es bastante democrático aunque a veces le haga ser lenta en sus decisiones. Los claustros, bastante representativos, son la base de la que emanan Junta de Gobierno y rector, cuando no se le elige directamente por sufragio universal ponderado, como es el caso vasco. La reforma propone que el claustro pase a ser sólo un órgano consultivo, cuando hoy elige a la gran mayoría de los Consejos de Gobierno y respetando los estamentos.
Una reforma debería esperar algunos años y, mientras tanto, hay prioridades: generar transparencia y eliminar endogamias y mandarinatos; dignificar los sueldos del profesorado asociado e interino y estimular al profesorado más joven; salvar presupuestos y mantener dotaciones a la investigación. La contrarreforma propuesta crearía muchos más problemas que los que resuelve y minaría la democracia de la Universidad pública.
