el pleno sobre fiscalidad celebrado ayer en el Parlamento Vasco sirvió para constatar puntos comunes en la conveniencia de analizar y, en su caso, modificar el sistema tributario vasco, así como las diferencias que complican dicha reforma. La primera discrepancia se produce entre quienes cuestionan el actual sistema foral y quienes defienden que los problemas no residen en dicho modelo, sino en la caída de recaudación. En todo caso, sería el modelo fiscal el que debe modificarse o perfeccionarse, dependiendo del prisma ideológico desde el que se contemple. Dicha diferencia no es baladí por cuanto la competencia para la modificación de la fiscalidad no radica en el Parlamento Vasco, sino que lo hace en las Juntas Generales y las diputaciones de cada territorio y que, por tanto, cualquier reforma deberá consensuarse en el Órgano de Coordinación Tributaria, salvo que se pretenda un cambio mucho más profundo del entramado institucional vasco. En este caso, el debate sería otro y necesitaría además de un amplísimo consenso político y social para trastocar un esquema institucional que se ha demostrado acertado y propicio para el desarrollo económico y el bienestar de Euskadi durante las últimas tres décadas. Esto no quiere decir, sin embargo, que no se pueda o deba analizar y mejorar el modelo fiscal para, sin hacer peligrar los principios de equidad y progresividad que le otorgan capacidad redistributiva, hacerlo suficiente en sus funciones de asegurar la inversión y el impulso económico a los servicios sociales que ofrecen las instituciones públicas. Pero debe hacerse también de acuerdo a dos parámetros esenciales, el de certidumbre y el de equilibrio. Certidumbre para evitar la inestabilidad que proporcionaría a instituciones y agentes socio-económicos un modelo fiscal permanentemente revisable -y en consecuencia dependiente de los vaivenes económicos o políticos- y equilibrio con el fin de que no se produzca una descompensación de los contrapesos que hasta la fecha habían funcionado para convertir a nuestro país en un ejemplo de cohesión social. Y todo ello recomienda responsabilidad política para apartar el debate de los intereses particulares y para no apresurarlo debido a condicionantes temporales.
