El incremento del malestar de los ciudadanos hacia los políticos se debe, en parte, al coste que significan para nuestros bolsillos. Uno de esos costes, aunque no se trata de un político pero sí depende de ellos, es el Ararteko. Su sueldo de 86.930 euros anuales no se ajusta a los tiempos en que vivimos y supera la nómina del presidente del Gobierno y de los parlamentarios vascos, que asciende a 66.390 euros. No es de recibo que el defensor del pueblo del País Vasco nos cueste un potosí. Además, la figura del Ararteko va acompañada con 32 asesores de libre designación y unos 17 funcionarios. Todo ello asciende a 1,9 millones de euros, aunque el coste total de la oficina se eleva a 4,8 millones de euros.
Estoy seguro de que el trabajo que desarrollan todas las personas adscritas a la oficina del Ararteko es extraordinario, pero el coste es elevado. Las prioridades sociales en momentos de crisis deben ser revisadas y en estos momentos la demanda de los ciudadanos no pasa por una institución que, siendo importante, no responde a sus necesidades. La oficina del Ararteko debe someterse a un examen sensato.
