Parece que no tardando mucho, el copago llegará al País Vasco, que hasta ahora venía sorteándolo. Lo dice Madrid y el lendakari aduce que la legalidad vigente no permite el rechazarlo. Asumiendo lo expuesto por imperativo legal y considerando que es un atropello a los pensionistas, deberíamos abrir un frente en el apartado del 10% que pretenden aplicar en cada receta y su hipotética devolución a posteriori por la Seguridad Social.

No es de recibo que el Gobierno pretenda usar los haberes de los pensionistas para financiarse a coste cero. No existe otra explicación para ese despropósito y, como están acostumbrados a sacar dinero de cualquier parte de la forma que sea o les hagan donaciones quienes esperan una compensación, no se les ha ocurrido otra idea que trasformar a los pensionistas en bancos que prestan dinero sin interés alguno y que se les devolverá en dos meses o cuando se pueda.

Los profesionales de las farmacias comentan que técnicamente se puede hacer que ese 10% no tenga que ser adelantado por el usuario. Habría que pedir al Gobierno de Urkullu que arbitre las medidas necesarias para que no tengan que hacerlo. Existen personas preparadas en este Ejecutivo que saben cómo podría efectuarse para evitar que una medida tan injusta no se lleve a término en el País Vasco.