la nueva subida de la tarifa eléctrica que soportarán 22 millones de consumidores -familias y pequeñas empresas- a partir del 1 de enero, en este caso del 3%, es el cuarto encarecimiento del recibo de la luz en menos de un año tras los de abril (4%), julio (7%) y el incremento del IVA del 18% al 21% en septiembre. Supone una nueva traslación al bolsillo de los ciudadanos y a la competitividad de las empresas de la errónea decisión política que el Gobierno de Aznar tomó en el año 2000 al decidir entonces no incrementar el precio de la tarifa y generar una deuda a pagar a las compañías eléctricas en los siguientes 25 años. Es aquella decisión y el déficit de 24.000 millones de euros generado porque los ingresos del recibo de la luz no cubren todos los costes que se pretenden lo que ha impulsado continuos cambios de regulaciones -el último, la aprobación el jueves de nuevos impuestos energéticos en lo que ya se conoce como el tarifazo- que inmediatamente las empresas energéticas han ido trasladando al recibo de los consumidores. Hasta el punto de que entre 2006 y 2011, ya antes de estas cuatro últimas subidas del recibo de la luz, el precio de la energía eléctrica en el Estado español se había encarecido un 69,9% frente al 19,9% de media en la UE y el 13% de la zona euro, según datos de Eurostat y siempre con las salvedades a las que obliga la intrincada traducción de las facturas y la variación de hasta doce euros mensuales entre los distintos proveedores del mercado energético estatal. Dicho encarecimiento, en cualquier caso, además de limitar el consumo, condicionar las economías familiares y amenazar el bienestar de las capas sociales más necesitadas, supone también una dificultad añadida para las pequeñas y medianas empresas, que suman a sus actuales dificultades de financiación un aumento de los costes, difícilmente soportable en plena crisis, y lastra las posibilidades de recuperación en un porcentaje que no es precisamente residual si se considera conjuntamente con el precio de la electricidad industrial, que es el cuarto más alto de la UE. Con el agravante de que no se ha contentado a las eléctricas, que aspiraban a un incremento del 5%, ni se logrará sujetar el déficit de tarifa, que superará ampliamente los 1.500 millones de euros previstos.