catalunya ha vuelto a abrir la caja de Pandora en la Corte de Madrid y a desatar la más visceral catalanofobia entre la reacción mediática y política que ha provocado el acuerdo sellado entre CiU y ERC. El pacto catalanista garantiza la reelección de Artur Mas y la estabilidad gubernamental en torno a la hoja de ruta que ambas partes han dibujado hasta el referéndum fechado para 2014. Esta consulta supone mentar la bicha en las entrañas de un Estado español incapaz ya de encauzar su plurinacional. Pero esta reacción pretende ignorar cuestiones tan básicas como que el acuerdo entre convergentes y republicanos se sustenta en la legitimidad democrática de la mayoría absoluta del Parlament y que cuenta con un rotundo aval social, por cuanto que dos de cada tres votantes en las pasadas elecciones catalanas apoyaron a formaciones que defienden e impulsan la consulta soberanista. Y la clase política española pretende ignorar también que si Catalunya ha llegado a esta situación lo ha hecho precisamente por anteriores reacciones fuera de medida y sin respeto democrático por parte del Estado frente a las aspiraciones del pueblo catalán de superar su marco de autogobierno. Los reiterados portazos a las propuestas de los governs de Pasqual Maragall y Artur Mas ha desembocado en una sensación de inmenso agravio cuando los catalanes han percibido que se les impedía dotarse de herramientas claves para hacer frente a la crisis económica y financiera que atenaza al país. Todo ello ha empujado a CiU y ERC a superar sus diferencias ideológicas para, con riesgos evidentes, dotar a Catalunya de la gobernabilidad imprescindible tanto para encarar la crisis como para iniciar una transición nacional, según define el acuerdo. Los riesgos de este viaje político no le pasaron ayer por alto a Mas en el discurso de la primera jornada de su investidura, cuando señaló que "a los marineros no les da miedo el mar; les da respeto, igual que a mí", pero se mostró convencido de que la nave debe zarpar. Y sólo si los poderes del Estado democratizan su reacción para hallar los puntos de encuentro que podrían satisfacer las exigencias catalanas y adecuar la ley a la realidad -y no al revés- podrán encauzar la relación con una mayoría social que hoy camina hacia la ruptura.