la imagen de las estructuras políticas y económicas de la comunidad vecina de Navarra se emborronó de nuevo ayer a cuenta del extraño sainete protagonizado por el diputado del PP Santiago Cervera. El asombroso affaire -propio de una película de cine negro- mezcla un presunto intento de chantaje al presidente de Caja Navarra, el socialista José Antonio Asiáin -quien lo denunció a la Guardia Civil-, sendos correos electrónicos enviados a ambos, la exigencia de hacer un depósito de 25.000 euros en efectivo en un rincón de las murallas de Pamplona a cambio de no desvelar cierta información y la detención por agentes de paisano del político popular en el momento en que éste, sorprendentemente, acudía a recoger el sobre que supuestamente debía contener el dinero, aunque alegó que lo hizo creyendo que en su interior había datos de interés sobre la entidad financiera que le habían ofrecido en el e-mail anónimo. La posterior dimisión express de Cervera -a quien se le atribuía una prometedora carrera política en el PP- como diputado, renunciando así a su condición de aforado, facilita su derecho de defensa y sitúa la investigación en el ámbito judicial ordinario navarro -y no en el Supremo-, que deberá dictaminar si en este rocambolesco caso, cuyos verdaderos orígenes son todavía muy oscuros, ha habido chantaje o trampa. Es cierto que Cervera ha sido una de las voces más críticas con la gestión política y directiva de la CAN, pero también que su dimisión es consecuencia de un torpe error, así como del nulo respaldo por parte de la dirección del PP en Navarra y en Madrid, algo inusual en un partido que acostumbra a defender con ardor la presunción de inocencia de sus cargos imputados. En todo caso, este lamentable espectáculo exige un análisis político y una investigación judicial sobre las diferentes polémicas -en torno a dietas opacas, nombramientos, dimisiones, indemnizaciones o salida a bolsa- que han empañado el devenir de Caja Navarra en los últimos años, hasta su misma reciente absorción por parte de la catalana Caixabank. La pasada semana, el fiscal general se planteó investigar la supuesta pérdida patrimonial de la entidad -que sus gestores niegan- mientras las exigencias de claridad y transparencia llegan a ser un clamor social.
