Apesar de la normalidad con la que los dos principales partidos españoles celebraron ayer el aniversario de la Constitución, nunca como ahora la carta magna española había dado muestras tan evidentes de desgaste. El último sondeo elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha descubierto que en el seno de la sociedad española la mayoría ya no cree en ella. Hasta ahora, la desafección hacia el marco legal que configura el actual Estado español era cosa de los nacionalistas vascos y catalanes, en este segundo caso, sobre todo tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut democráticamente refrendado por la sociedad catalana. La respuesta a cualquier reclamación de reforma que acomode las aspiraciones soberanistas o simplemente de mayor autogobierno de las nacionalidades históricas se ha estrellado contra la contumaz oposición del PP y PSOE, convertidos en guardianes de una Constitución cuya sacralización para no tocarla, paradójicamente, evoca el "atado y bien atado" del dictador. Pero los dos grandes partidos españoles hacen trampa al no aplicarse el cuento de la inamovilidad del texto constitucional que sí aplican a los demás, tal y como se pudo comprobar el año pasado cuando por mandato europeo se reformó sin pestañear el texto para imponer por ley el límite de gasto público. La soberanía del pueblo español esgrimida como arma arrojadiza contra cualquier pretensión de romper el techo constitucional no fue obstáculo esa vez para saltarse sin ningún pudor la sagrada soberanía española. Y lo que evidencia es que el problema no está en modificar la carta magna sino qué y para qué se modifica. En última instancia, lo que no existe es la voluntad mínima para abordar aquellos problemas crónicos o de nuevo cuño que exigen meterle mano al texto constitucional. Ayer, en la celebración de Madrid, fue Mª Dolores de Cospedal la que resumió la actitud que se puede esperar del Gobierno español ante las reclamaciones soberanistas: "No están dentro en la Constitución". Y este mismo desdén hacia legítimas aspiraciones de mayor autogobierno es que el se percibe ante cualquier adecuación que pueda poner en entredicho el status quo que favorece el reparte del pastel del poder central y autonómico entre los mismos protagonistas.