también deben de ser demagogos los jueces y fiscales que salieron a la calle y cortaron San Bernardo en el centro de Madrid para protestar contra la gallardonada de las tasas y pedir, de manera tan preceptiva como retórica, la dimisión del ministro de Justicia. Los feroces antidisturbios no actuaron contra ellos ni nadie se acercó a sacarles fotos para ficharlos ni a pedirles la documentación con la habitual descortesía. ¿Tendrían ellos también infiltrados? No creo. Los antidisturbios están para ocuparse de esa gente fea que el actor Arturo Fernández (el papel de gorrón, hampón sin escrúpulos y parásito social lo borda) ha visto en la calle y se ha preguntado si en la vida diaria, cuando no sale en masa a la calle, la guardan en campos de concentración (sic), y los de la banda de Intereconomía le han reído la gracia y los del PP, representantes de la gente guapa a la que pertenece el actor Fernández, icono y Petronio de los neopatriotas, tal vez se pusieron en pie y, de manera protocolaria, tararearon la marcha real, el himno nacional. El asco indecible.
La reforma de las tasas judiciales impulsadas por el ministro Gallardón instaura una justicia de casta y clase tan descarada que hasta los propios jueces se han dado cuenta de la magnitud del despropósito. No debía de ser esa la reforma de la administración de justicia que se viene pidiendo desde hace mucho, ni la forma de dotarla de más medios para atender las necesidades de una sociedad en extremo judicializada. No sólo hace uso abusivo de la administración de justicia la llamada gente guapa para dirimir sus miserias y conseguir una publicidad y unos ingresos adicionales, sino que también hacen uso de la justicia los que de ella necesitan de manera vital, los abusados por la Administración que ya son legión, los estafados por la banca o por prepotentes corporaciones de servicios, al margen de los que gustan que sus fechorías queden sub judice muchas veces para siempre. "Hablarán los tribunales", dicen, y suele ser sinónimo de impunidad, política y social, porque saben que lo harán a su favor, o tarde o nunca. Una frase ritual de este esperpéntico sainete en el que estamos metidos.
Desconfiamos de la administración de justicia, de los jueces y de la magistratura. Para saber eso no hacen falta muchas encuestas. La gallardonada no es la mejor manera de reducir esa desconfianza que forma parte de la urdimbre de una sociedad en la que la colosal diferencia entre dominador y dominado, y la indefensión de la clase más desfavorecida, están tan arraigadas que resulta muy difícil cambiar esa visión apaleada de la historia y del presente. Desconfiamos de una magistratura fría, indiferente, o como mucho tibia, frente a los problemas de una sociedad en derrota como es la nuestra. Los desahucios han sido un buen botón de muestra: la indiferencia o el desdén del Consejo General del Poder Judicial fue llamativa. Frente a unos jueces conscientes del drama social que tienen entre manos, hay muchos -demasiados- a los que el recurso al texto de la ley sirve de escudo.
La reforma termina por poner una mordaza a los ciudadanos más débiles, atropellados hoy sí y mañana también por la Administración, provocando su indefensión radical y coadyuvando a instaurar un régimen político en el que la norma es la arbitrariedad de los actos de la Administración. Justicia de casta y clase para un tiempo de abusos continuados de autoridad. Justicia de difícil acceso para un régimen policiaco que inventa informes policiales y usa sin escrúpulos de ellos para hundir a sus adversarios políticos. Bajeza.
Con esta ley de tasas, gana el deudor que no quiere pagar, que burla a su acreedores, el que se mueve en el filo del delito, en el delito mismo, en el fraude empresarial, económico, en la trampa de ese mundo en el que hay más perdedores que ganadores, el que sabe que su acreedor es débil o no dispone de medios, de tiempo, de ganas incluso para acudir a los tribunales.
Te hablan de la justicia gratuita, pero no lo hacen, jamás, de la letra pequeña, de los requisitos que hay que reunir y cumplir para conseguirla y de su puesta en práctica. Ay, la letra pequeña. Con que sepamos que existe tal cosa, admirable, debemos conformarnos y tranquilizarnos, y no pensar que quien puede pagarse los servicios de un bufete de abogados de renombre va a estar más y mejor representado que quien no puede acceder a esos servicios, y que quien puede disponer del dinero necesario para adelantar el pago de las tasas puede reclamar lo que quien vive acosado por las deudas y la necesidad no puede, ya es pedirle demasiado. País de entrampados.
Nunca como ahora ha estado tan claro el significado de la expresión "Vaya usted al juzgado si quiere", expresión de prepotencia y burla de quien sabe que su abuso va a quedar impune, que, como mucho, cuando se dilucide la cuestión litigiosa, el abuso se habrá desinflado y habrá causado unos perjuicios redoblados al abusado. El tiempo es un gran aliado de la impunidad. Nunca como ahora ha quedado tan protegida por el propio sistema la actitud asocial del funcionario que actúa en fraude de ley, de manera abusiva y arbitraria, prevaliéndose del cargo y sabiendo que él dispara con pólvora del rey, mientras que el ciudadano tiene que rascarse los bolsillos de mala manera para defenderse de sus abusos.
El ministro Gallardón no ha hecho otra cosa que dar cuerpo a una justicia de casta y clase, que favorece a la que él representa, que favorece la implantación de un régimen político autoritario donde el ciudadano no es más que un sometido, un dominado, un domado, en libertad vigilada.
