hace ahora un mes que el Gobierno del PP aprobó en el Consejo de Ministros su proyecto de reforma del Código Penal y el encendido debate entre ámbitos jurídicos, políticos y sociales no ha cesado ante un cuerpo legal -acompañado por decisiones gubernamentales de merma de derechos y libertades- desconocido en la UE por lo regresivo. La reforma ha provocado la reacción de jueces y funcionarios de Justicia por cuestiones procesales o circunscritas a la función pública, pero también han formulado críticas de fondo a la filosofía de mano dura y desmantelamiento de principios garantistas y de resocialización que encierra el proyecto del ministro Alberto Ruiz Gallardón, antaño pretendidamente aperturista y hoy defensor de medidas de tinte reaccionario. Como en toda modificación de la máxima norma penal, siempre concurren algunos cambios asumibles por su adecuación a la realidad social, en este caso algunos como el agravamiento de penas para las agresiones sexuales o la tipificación de la difusión de imágenes o vídeos sin permiso de los afectados. Sin embargo, lo esencial es preguntarse si esta reforma penal -cuando ya se han producido más de veinte en las tres últimas décadas- resulta necesaria y si sus promotores se habrán guiadopor un sentido estrictamente jurídico o por el puro oportunismo político. Y es que, si se realiza un análisis en función de parámetros objetivables como el bajo índice de criminalidad o la desbordada tasa de la población reclusa -comparando los datos con la media de la UE-, no parece que el endurecimiento esté justificado por razones técnicas. Más bien cabría pensar que el PP está actuando con populismo, a golpe de titular y alarma social con intención de alimentar la sensación de inseguridad ciudadana, como demuestra la recuperación de los delitos de manifestación o su apuesta por la prisión permanente revisable -eufemismo de la cadena perpetua-, que suena muy bien entre el electorado conservador, auque echa por tierra todos los principios rehabilitadores que inspiran un tratamiento penitenciario progresista. Quizás la reforma sea sólo un señuelo para contentar a los sectores reaccionarios de la judicatura o para desviar la atención sobre la dramática situación socioeconómica.
