HAY dos datos que martillean la conciencia social y dan la medida de la crudeza de esta crisis para millones de personas. El primero, las durísimas estadísticas del paro. El segundo -en buena medida, consecuencia del primero-, las cifras que periódicamente y desde distintas fuentes se dan a conocer sobre los desahucios de familias de sus viviendas por no poder hacer frente a la deuda contraída con su entidad financiera. Uno de esos últimos balances, conocidos apenas hace una semana, cifra en 37.092 los desalojos autorizados en los juzgados en el Estado entre enero y junio, a lo que hay que añadir 48.213 procesos de ejecución iniciados y que, probablemente, acabarán en el mismo punto. Un incremento del 15% en los desahucios en el primer semestre del año que se resume en otro dato espeluznante: desde el inicio de esta crisis se han ejecutado en el Estado 395.000 desahucios, según la Asociación Hipotecaria Española. Euskadi no escapa a este drama: registra ocho desahucios al día de media según datos de Stop Desahucios. Son muchos los ciudadanos que comenzaron a movilizarse desde hace tiempo, fundamentalmente impulsados al calor del movimiento 15-M, para hacer frente a esta auténtica emergencia social, pero han tenido que suceder episodios trágicos como el suicidio de algún afectado para que la clase política se dé por aludida. Ayer, PSOE y PP acordaron aprobar con urgencia una reforma legal que proteja más a la ciudadanía frente a esta sangría. Habrá que ver cómo se concreta este compromiso y cuánto tarda en materializarse, pero es absolutamente imperativo que las instituciones pongan coto a una situación a todas luces abusiva, más aún si se tiene en cuenta que muchos de esos desahucios son promovidos por entidades financieras que han sido rescatadas con miles de millones de euros que provienen del bolsillo de todos. O, como han denunciado algunos colectivos de jueces, conviene revisar un marco legal que apenas deja margen a los afectados para defenderse frente a los abusos de las entidades o a su negligencia o mala fe a la hora de conceder hipotecas u ofrecer otros productos bancarios. No es de recibo que un Estado se movilice para salvar a cajas y bancos mientras permite que estos dejen en la calle, y lastrados de por vida, a sus ciudadanos. Llega tarde la iniciativa, pero que no quede en agua de borrajas.
