ME van a perdonar, pero no acabo de entenderlo. Resumiendo: una empresa privada organiza una macrofiesta en un recinto municipal y, al parecer y todavía presuntamente, hay una sucesión de negligencias que van desde una entrada muy superior al aforo permitido hasta falta de personal de seguridad cualificado tanto en el exterior como el interior del recinto, pasando por una denuncia de un sindicato policial sobre la ausencia de algunos de los permisos preceptivos para la apertura al público del edificio. Resultado, una avalancha provoca la muerte de cuatro jóvenes, una de ellas menor de edad. Reacciones incomprensibles. El primer impulso de la alcaldesa de Madrid es anunciar que el Ayuntamiento se presentará como acusación popular en un eventual juicio. No ha debido de pararse a pensar que la institución que dirige podría ser responsable, también judicialmente, en alguna medida del estropicio. Claro que cuando Ana Botella salió en plan madre coraje aún no habían aflorado las informaciones sobre supuestos tratos de favor al dueño de la empresa organizadora por parte del Consistorio. Luego, no sé si antes o después de irse al resort de Portugal -no hay noticias de que cazara elefantes-, a Botella le sale el punto destroyer: nunca más una macrofiesta en un recinto municipal. Y parece que cuaja, porque va el fiscal general del Estado y afirma que las macrofiestas son "un verdadero problema social". Igual el problema, llámenme loca, son los eventos organizados de mala manera en recintos abiertos de mala manera por la propia autoridad pública. Lo otro es desviar el tiro para salvar el trasero.
