COMENTAN los libreros que una de las grandes triunfadoras la semana pasada en los puestos de los soportales de la Plaza Nueva ha sido Indígnate, la obra de Stephane Hessel que en 32 páginas nos llama a reaccionar, entre otras cosas, ante la falta de valores y criterio de determinados políticos. Visto el éxito editorial de este alegato, últimamente se intenta asociar la idea de la indignación a todo tipo de reivindicación legítima, pero me gustaría rescatar el llamamiento original que el autor realiza en la primera página de su manifiesto a reaccionar contra una sociedad "de los sin-papeles, de las expulsiones, de las sospechas con respecto a los inmigrantes". ¿Se pueden aplicar las palabras de Hessel a la política local?
No hay más que rescatar la propuesta en materia de ayudas sociales que ha lanzado un candidato a la Alcaldía para darse cuenta de lo indignantes que pueden resultar determinados planteamientos. En la desesperada búsqueda del voto a toda costa, hay quienes no tienen reparos en pisotear la trayectoria histórica de Vitoria-Gasteiz como municipio solidario, contaminar la verdadera realidad de las ayudas sociales y relacionar intencionadamente inmigración con fraude en las prestaciones. Todo ello aderezado con una buena ración de comentarios digitales, encuestas pensadas para tergiversar y campañas paralelas de determinados colectivos. Si hay una escala de la indignación, este tipo de actitudes intolerantes deberían figurar en los puestos de más gravedad.
Quiero traer aquí datos del último informe publicado por el Gobierno Vasco donde se dice que "los expedientes de tramitación de Renta de Garantía de Ingresos se componen, mayoritariamente, de jubilados o pensionistas que necesitan esta prestación para completar su pensión (un 27,4%), así como trabajadores con salarios precarios e incluso personas que, bien por decisión propia o por imposibilidad, nunca han accedido al mercado laboral". Es decir, se trata de personas que llevan más de cinco años empadronadas en su municipio, condenadas a percibir pensiones muy limitadas, forzadas a recurrir a las ayudas sociales. Más aún, nos encontramos con que el 65% de las personas que reciben dichas ayudas son mujeres.
¿Qué reflejo existe de esa mayoría formada por mujeres mayores en el umbral de la pobreza? ¿Por qué se transmite una idea tan diferente y demagógica sobre las personas que reciben prestaciones públicas? Es vergonzoso, indignante y de poca responsabilidad política hacer dobles lecturas de las ayudas sociales, de las personas que lo están pasando mal y, sobre todo, ponerles un determinado color supuestamente rentable de cara a las urnas sin plantearse el daño que se puede causar a la cohesión social.
En este momento de crisis y de valores se está cayendo en la tentación de criminalizar a las personas más débiles, a quienes sufren la crisis en vez de a los que la han ocasionado. ¿Tan fácil resulta convencer de que unos nos molestan y otros son nuestros amigos? En esta época los políticos debemos dar ejemplo en vez de dar fuego a polémicas interesadas, buscar soluciones en vez de confrontaciones.
Hessel lo tiene muy claro. Confrontaciones muy parecidas a las que despiertan cierto tipo de mensajes nos condujeron a guerras y posguerras a mediados del siglo pasado. No podemos jugar al todo vale en época electoral; hay que comportarse con un extra de responsabilidad porque representamos a la institución más cercana, que es el Ayuntamiento, donde lo que se hace puede adquirir un mayor valor de pedagogía social.
El Ayuntamiento vive directamente el día a día de los más desfavorecidos, ve cara a cara los rostros de la pobreza, acompaña a la persona mayor a pedir su servicio de teleasistencia, su servicio de comida a domicilio, su reforma de barreras arquitectónicas… Tapar esta realidad con el contaminante binomio inmigración-ayudas es peligroso e irreal (un 69,3% de los que reciben renta de garantía de ingresos son autóctonos).
Estamos de acuerdo con la idea de que el control debe ser exhaustivo y muy duro con las personas que cometen fraudes sociales, económicos o fiscales. Ahora bien, la auténtica prioridad es sacar de las listas de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos a las 7.054 personas alavesas con políticas de generación de empleo e inclusión social. Hay que evitar abrir una brecha antisolidaria, de caldo de cultivo de comportamientos no tolerantes, sobre todo cuando se tiene la pretensión de gestionar la política social de este municipio.
Es cierto que en recientes procesos electorales como el catalán ha tenido eco el discurso contra la inmigración pero, visto aquel pobre espectáculo, reclamo madurez política y unión de todos los partidos para que no pierdan legitimidad las ayudas sociales, para no defenestrarlas y criminalizar al perceptor. Demos la talla política e indignémonos ante cualquier ataque a las políticas sociales porque son derechos que cuesta mucho tiempo y esfuerzo conquistar y que pueden peligrar al calor de la polémica más absurda. ¿Qué han hecho los pobres para ser tan molestos?
Tal y como Hessel finaliza su manifiesto, no podemos tolerar un horizonte basado en el consumo de masas, el desprecio por los más débiles y la cultura, la amnesia generalizada y la competición a ultranza de todos contra todos. Con su propuesta, un candidato se ha colocado muy cerca de ese horizonte. Y muy lejos de la realidad.
