La consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, debe actuar para reponer en sus derechos a Iñaki Nuño y establecer políticas públicas de empleo para personas discapacitadas, no dejando esa tarea en guetos como la ONCE. Este ciudadano, al igual que otras muchas personas deficientes visuales o que padecen algún otro tipo de minusvalía, trata de ganarse la vida vendiendo el cupón de la ONCE, debido a que en pleno siglo XXI, en una sociedad pretendidamente avanzada como la vasca, apenas existen alternativas reales de empleo en el mercado laboral ordinario para personas con discapacidad.

Pero Nuño, una persona comprometida con el movimiento vecinal gasteiztarra y miembro del comité de empresa por LAB, no ha sido ni es del gusto de los gestores de la ONCE y, como consecuencia, ha perdido cuatro veces su empleo y ha sufrido un destierro, sin que de nada hayan servido sendas sentencias judiciales estableciendo la improcedencia o nulidad de los despidos.

La ONCE ha vuelto a dejar a Iñaki en la calle, privándole de su único medio de subsistencia, y ha contratado los servicios de un afamado abogado de postín madrileño con una generosa minuta para defender la procedencia del despido.

Por otra parte, emplazo públicamente a la consejera Zabaleta, intrépida e incansable perseguidora de sospechosos defraudadores pobres, para que se emplee con el mismo rigor y diligencia con directivos de la ONCE en la Delegación territorial del País Vasco. Para mayor gravedad, sus emolumentos son opacos a la sociedad al no estar recogidos ni en los presupuestos de la ONCE ni en su convenio laboral.

Somos miles las personas que, excluidas del mercado laboral, nos encontramos irremediablemente abocados a participar y depender de una organización-gueto como la ONCE por una insólita dejación de las administraciones públicas. Seguimos aferrados a un modelo surgido y desarrollado en contraposición con todas las políticas públicas implementadas en Europa para la socialización e integración de personas discapacitadas.