Presuntos culpables

La traslación a la opinión pública de las informaciones derivadas de los acontecimientos que en torno al conflicto violento soportado por Euskadi se han producido en los últimos días, con la concatenación de las detenciones, las denuncias de presuntas torturas y la filtración de las igualmente presuntas autorías y planes de atentados son los dos extremos del ovillo en el que algunos parecen interesados en enmarañar permanente a la sociedad vasca. Debería ser innecesario señalar que en la irracionalidad de cada uno de esos extremos, en la sinrazón de sus actos, sean pretendidos, supuestos o dramáticamente reales, halla el otro un aparente, aunque nunca legítimo, pretexto para mantener su particular conculcación de derechos ajenos que, sin embargo, pretende le sean a él respetados en toda su extensión. Sin embargo, es todavía imprescindible recordarlo, hacer caso omiso a las acusaciones de equidistancia que, desde uno y otro lado, se utilizan contra quien no puede permanecer indiferente ante una y otra violencias para reafirmar, más en momentos de aparente avance hacia un escenario distinto, la seguridad de que la sociedad vasca ha llegado al hartazgo respecto a violaciones de derechos básicos cuyo amparo sólo contribuye a perpetuar el conflicto. Porque es preciso reiterar que si las supuestas autorías en la comisión de atentados, o los presuntos planes para cometerlos tienen una base creíble es, precisamente, la de que con anterioridad se han cometido o intentado acciones similares. Y que si las denuncias de presuntos malos tratos tienen visos de credibilidad es, precisamente, porque con anterioridad y repetidamente se han cometido torturas gravísimas. Se trata, por un lado, sí, de que el entorno de la izquierda abertzale radical admita su parte de responsabilidad y destierre totalmente la nebulosa con una pública, clara y rotunda exigencia del fin de la violencia que no permita ningún margen de error a quien la ha venido practicando. Se trata, por otro, también, de que el Estado español, sus responsables políticos e institucionales, admita asimismo la suya y destierre la opacidad que ha mantenido respecto a sus propias prácticas violentas sin permitir ni un solo ámbito de impunidad. No es una cuestión de equidistancia, es una cuestión de justicia.