Como ya expliqué en una ocasión anterior, el argumento esgrimido por los promotores reales (tirios) de la manifestación del pasado sábado para pedir la legalización de Sortu, no sólo me parece endeble, sino que es, además, peligroso. Si Sortu no es inscrito como partido legal y las cosas no van como debieran -o sea, si ETA vuelve a las andadas-, quienes han demandado la legalización de Sortu como forma de reforzar la vía hacia la paz, habrán "justificado", siquiera sea en una mínima medida, la vuelta a los atentados.
Los argumentos que se están dando desde los gobiernos (troyanos) para no inscribir a Sortu como partido político tampoco se sostienen. Podría valer, quizás, un argumento que he leído por ahí, según el cual habría que solicitar a sus promotores aclaraciones o explicaciones adicionales en forma de una declaración más nítida y contundente de su rechazo a la violencia; sería algo así como demandar documentación adicional por ser insuficiente la aportada hasta ahora. Repito, podría valer ese argumento, pero no las razones que se esgrimen desde instancias gubernamentales.
No vale eso de que no se fían de Sortu; ese argumento no tiene sustento jurídico alguno. El gobierno no tiene por qué fiarse, ni lo tampoco tiene por qué dejar de hacerlo. Lo que tiene el gobierno es la ley. Y esa ley, la Ley del Régimen Electoral General, tras su reforma, ha dotado al Estado de mecanismos para resolver el problema que se produciría si un partido político da muestras de connivencia con el terrorismo una vez se halla en las instituciones. De hecho, la reforma de la ley electoral debiera facilitar la legalización de Sortu.
Tampoco vale el argumento de que deben demostrar con hechos la sinceridad de sus palabras. Ese argumento, en última instancia, demandaría la comisión de un atentado terrorista o hecho equivalente para dar opción a Sortu de demostrar con hechos,-un rechazo esplícito de ese atentado- la sinceridad de las declaraciones de sus líderes y promotores y de sus planteamientos estatutarios. Y eso es una aberración, pues constituye un incentivo para delinquir.
Hay un argumento muy poderoso para inscribir a Sortu: que todo el cuerpo electoral vasco cuente con las suficientes opciones para que la voluntad popular esté debidamente reflejada en las instituciones representativas y de gobierno. Lo contrario constituye una alteración gravísima de la normalidad política institucional y conduce a la aberración de que decisiones clave para el futuro del Pueblo Vasco estén siendo tomadas sobre la base de una representación política alterada.
Y sin embargo, la legalización, si se produce, se demorará el máximo posible. Pero solo hay dos razones verdaderas para ello. Una es que el Gobierno español no se atrevería a adoptar una medida que, ante el marcaje del PP, le pueda pasar factura en las elecciones municipales. Y la otra es que esa demora contribuirá a aumentar la presencia pública y proyección mediática de esa izquierda abertzale, con las ventajas electorales que ello reportará a la opción que finalmente represente a esa corriente política en las urnas. Porque piensan que eso perjudicará al principal partido político de Euskadi, que es, al fin y a la postre, lo que conviene a tirios y a troyanos.
