cUANDO el debate en torno a la Memoria Histórica quedó desactivado por una tímida legislación que no ha contentado a nadie -y menos a la parte de la población que quedó ideológica y físicamente arrasada por el bando vencedor- y por las limitaciones de facto que han impedido un papel activo de la Justicia en la búsqueda de los desaparecidos, un nuevo drama vuelve a recordar lo endeble de los cimientos con los que se pretendió erigir una democracia que negaba una revisión crítica de su propio pasado. La desaparición de miles de niños y niñas durante el franquismo, y no sólo durante esos negros decenios, supuso uno de los capítulos más siniestros de la dictadura por lo que suponía de práctica sistemática de desmantelamiento de las unidades familiares del bando rojo. El ideólogo de esta doctrina fue el especialista militar Antonio Vallejo-Nájera, que dirigía los Servicios Psiquiátricos del Ejército, y sus argumentos sobre la superioridad de la raza o la necesidad de que esos niños no se vieran contagiados por la ideología de sus madres dieron cobertura al secuestro sistemático de menores, hechos que también vivieron de cerca numerosas familias alavesas, como revelan los casos denunciados en la clínica Arana de Vitoria que DNA avanzó el pasado día 1. El alcalde gasteiztarra, Patxi Lazcoz, quien va a recibir la próxima semana a los afectados del territorio, confirmó ayer mismo que la cifra de robos en la capital alavesa ya se eleva a la decena. Tras años de obligado silencio, ha sido dramático comprobar que estas prácticas, que se iniciaron en los años sesenta y setenta -en los casos de Gasteiz- en otras capitales se llegaron a prolongar hasta bien entrados los ochenta, ya como negocio. De ahí que represente un sufrimiento vivo y cercano para muchas familias cuyos testimonios ha ido relatando este diario. Lo que eran hechos aislados se ha convertido en un denuncia colectiva de cientos de familias que esperan ahora el amparo de los tribunales para esclarecer el paradero de sus familiares. Recuperar la verdad, recomponer aquellas familias y cerrar las heridas es una tarea que conllevará mucho sufrimiento. Mientras la Justicia analiza cada caso, las instituciones no han pasado de ofrecer apoyo y ayuda psicológica. Es lo menos que podrían hacer, pero no lo suficiente.