publicábamos ayer en estas páginas la historia de un vecino de Agurain que ha recurrido con éxito una multa de tráfico que, según su versión, le impuso un ertzaina sin ninguna justificación. El policía le acusaba de circular sin llevar el cinturón de seguridad abrochado cuando sólo se lo había soltado para entregarle al agente la documentación del coche requerida. La información se completaba con el malestar que existe desde hace tiempo entre los propios policías locales debido al mal uso de la placa de la que hacen gala algunos de sus compañeros bien para evitar pagar la entrada o las consumiciones en ciertos locales, bien para engrosar las arcas municipales en forma de multas injustificadas o, al menos, demasiado al límite del reglamento. Me cuesta creer que el concejal José Manuel Bully haya dado efectivamente la orden de extremar el celo para alegrarle las cuentas a su alcalde, pero cada vez son más los casos en los que los ciudadanos se quejan de la proliferación de multas poco menos que absurdas, aparentemente más destinadas a recaudar fondos que a velar por nuestro bienestar. Sin ir más lejos, el otro día un agente multó a un conocido mío por abrocharse el cinturón de seguridad mientras salía de un aparcamiento en lugar de atárselo antes de girar la llave de contacto. De nada valieron las explicaciones ni las razones esgrimidas por el conductor. La ley es la ley y la multa es la multa. En concreto, 200 euros del ala y tres puntos menos en el carné. Ya queda menos para financiar el auditorio, supongo.
