no somos inocentes. Con este provocativo lema la fundación Alboan ha puesto en marcha una campaña por el derecho de acceso a la información y la transparencia en las administraciones públicas. Enumera un decálogo de principios tan inocentes como que "el funcionario tiene la obligación de ayudar a las personas solicitantes", que "el secreto o las denegaciones de acceso a la información deben ser limitados y estar debidamente motivados" o que "las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud". El Síndico de Vitoria acaba de lamentar el "desfallecimiento" que observa entre los departamentos del Ayuntamiento gasteiztarra a la hora de responder a sus peticiones o de remitirle los informes pertinentes. Un simpático toque de atención que Javier Otaola hace con resignación, una sonrisa complaciente y esperando no sea demasiada molestia. Pero es que muchas veces, amigo Javier, de lo que se trata es precisamente de eso, de molestar un poco. Y es que para muchas administraciones la transparencia sigue siendo un engorro, y eso en el mejor de los casos, porque para muchos conspicuos asesores la información es poder -no un servicio ni un derecho- para jugar al palo y la zanahoria, para rendir pleitesía, para traficar favores o, sencillamente, para cubrir sus propias carencias tras una tupida red. "No somos inocentes y tampoco queremos que nuestras instituciones nos tomen por inocentes", reza con acierto el manifiesto de Alboan.
