EL lobby de defensa de la educación en castellano en Euskadi, que agrupa a un reducido grupo de familias aferradas al modelo A y que cobra especial protagonismo en Álava con importante apoyo del PP, ha vuelto a presentar batalla judicial contra el sistema de modelos lingüísticos apelando a una supuesta falta de libertad de elección de enseñanza. La coincidiencia de su nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) con el inicio del periodo de matriculaciones probablemente no es casualidad y tampoco está justificado en el diseño de los mecanismos de matriculación. Si anteriormente la demanda contra los decretos educativos escondía una clara orientación política y el argumento jurídico cobra ahora menos argumentación todavía, después de que el Departamento de Educación haya reducido a once el número mínimo de alumnos que obligan a un centro a crear un grupo de enseñanza en castellano y habilita medios que, pese a la evidente tendencia general en sentido contrario, tratan de paliar la caída del modelo A. En este sentido, el peso que mueve la acción legal ante el TSJPV habría que buscarlo más bien en la presión que el PP ejerció en el acuerdo de bases suscrito con el PSE como programa de gobierno y sigue ejerciendo en materia educativa para intentar sortear la demanda social y proteger el modelo A frente a la enseñanza bilingüe. Que el departamento de Isabel Celaá se enfrente ahora a un nuevo recurso judicial por una supuesta falta de libertad de elección lingüística pese a su intento de reformar el modelo no es sino fruto de la paradoja en la que vive el Gobierno de Patxi López, entrampado por quienes le auparon al poder en posiciones totalmente contrarias al discurso de integración que el hoy lehendakari defendió antes de acceder al poder. Así, en el caso concreto del sistema educativo, busca invertir una realidad que se traduce en el continuo crecimiento de los porcentajes en el modelo D -enseñanza en euskera- y su predominio respecto a los otros modelos en el caso de las nuevas matrículas, pero también en cuanto a valoración académica y tasa de aprobados tanto en centros públicos como concertados. Ante la exigencia de condiciones esenciales para sus socios del PP en materia educativa, Celaá se ve forzada una vez más a mantener equilibrios imposibles.
