El proyecto de ley de Vivienda que está elaborando el Gobierno Vasco es muy sorprendente y surgen varias dudas. Dado que pretende hacer efectivo el derecho a la vivienda de personas con escasos recursos, ¿quién contribuirá al coste de las viviendas de los ciudadanos que no puedan hacer frente al pago? También se habla de expropiar viviendas de VPO si el propietario duplica en tres años la cuantía máxima para acceder a los sorteos. Una decisión peregrina si no se establece antes un fondo que respalde dichas expropiaciones. Además, llevar a cabo una expropiación es un proceso largo y tedioso por lo que la medida perdería efectividad.
Dice también que se gravarán viviendas que durante dos años estén vacías sin justificar. Habría que saber cuáles son los parámetros que indiquen las justificaciones para mantener una casa vacía. El objetivo sería sacar al mercado viviendas en alquiler, pero uno de los principales motivos por los que los propietarios de viviendas vacías no las ofertan para alquiler es la inseguridad jurídica. El recorrido que un propietario debe hacer para expulsar de la vivienda al inquilino moroso es muy complicado y desalentador. La ley actual no protege al propietario como sería deseable.
Si lo que se busca es que todos puedan tener una vivienda, el camino no parece ser el más adecuado si antes no se corrigen algunos aspectos. Disponer de una vivienda en alquiler o propiedad depende no solo de la administración y el derecho a una vivienda no significa que la administración tenga la obligación de proporcionarla. Las instituciones son un instrumento para acceder a ellas, pero no el único.
