En 2003 se cedió a la presión de las empresas de gestión de los derechos de autor y se creó un delito que no distinguía entre el pequeño vendedor y el que verdaderamente sacaba beneficio del plagio de música. Desde entonces, más de 600 personas han pasado por las cárceles y muchas más han sido expulsadas. Para ello, se ha requerido la intervención de policías, jueces, fiscales, abogados y centros penitenciarios. Se han creado plataformas de personas afectadas, manifestaciones, propuestas de reforma y hasta tres redacciones del nuevo artículo en el trámite parlamentario. ¿Qué sentido ha tenido todo este esfuerzo?

Muchos medios han recogido la noticia de que la reforma del Código Penal convierte en falta la venta de copias cuando el beneficio no supere los 400 euros. Parece una buena noticia, pero tiene muchos peros. Con la nueva redacción, los pequeños vendedores podrán volver a la cárcel si no pueden pagar la indemnización a las empresas que gestionan los derechos de autor o ser expulsados en cualquier momento en virtud de la Ley de Extranjería.

De esta disparatada historia podríamos al menos extraer dos aprendizajes: por una parte, evidencia los efectos perniciosos de la enorme cantidad de normas sancionadoras que se han creado contra las personas extranjeras. Entre ellas destaca la rigidez del artículo de la Ley de Extranjería que imposibilita, sin excepciones, que las personas en situación irregular puedan acceder a un permiso de residencia si tienen antecedentes penales. Ni siquiera la concesión del indulto basta para evitar esta pena añadida.

Por otra parte, constatamos que cada vez que damos un paso atrás en el principio de igualdad y restringimos derechos a una persona por su situación administrativa, cuesta mucho esfuerzo volver a recuperar el terreno perdido. No cabe duda de que habría sido mejor no haber introducido la reforma penal del 2003. Sin embargo, la clase política sigue proponiendo nuevas iniciativas de recortes de derechos que crearán problemas muy difíciles de subsanar completamente en el futuro. Es el caso de la limitación a dos rentas básicas por vivienda del reglamento de ley de Garantía de Ingresos promovida este año por el Gobierno vasco, o de la frustrada directiva europea que buscaba restringir los derechos laborales de las personas extranjeras.

Las propuestas populistas que explotan los miedos sociales tal vez reporten a algunos rédito electoral, pero nos hacen pagar a todas un alto costo humano, social y económico. En vez de hacer que el ordenamiento jurídico sea más ágil e inclusivo, lo empeoramos y hacemos más complejo aumentando la arbitrariedad y la injusticia.

Patxi de la Fuente

Miembro de la plataforma Mbolo Moy Doole