Cualquier Estado que se precie debe contar con una Administración Pública integrada por personal permanente, es decir, debe disponer de una plantilla de servidores públicos a los que debe sostener económicamente durante toda su vida terrenal. Ignoro si en el más allá estos privilegiados gozarán también de ventajas y prebendas, aunque no sería descabellado pensarlo, ya que a quienes han dedicado toda su vida a servir al bien común, no se les puede negar una merecida recompensa en el mundo venidero. Ellos, los funcionarios, son los que han puesto mayor entusiasmo en alcanzar el verdadero estado del bienestar. La felicidad en la tierra. El cielo en la tierra.
El estado del bienestar es un concepto que designa a un modelo general de Estado y de organización social, según el cual el Estado provee de ciertos servicios y garantías sociales a la todos los habitantes de un país. El Estado protector facilita bienes y servicios a los ciudadanos y lo realiza a través de sus funcionarios. Ofrece protección social, justicia, servicios sanitarios, educación, paga pensiones, etcétera, y a cambio de estas prestaciones sociales cobra impuestos.
Pero no son pocos los que en épocas de crisis miran al sector público con recelo y envidia diciendo que alberga privilegiados, y empiezan a escucharse en la calle frases del estilo de estamos en crisis, funcionarios fuera. Esa envidia puede estar más que justificada. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes al 2009 sobre la estructura salarial en España, los salarios del sector público son más elevados que los del sector privado, en términos relativos, y revelan que casi la mitad de los empleados públicos (46,8%) ganó en 2009 más de 2.500 euros netos al mes, frente al 13,5% de los privados. Aunque hay que reconocer que cuando no hay crisis nadie se acuerda de los funcionarios, y pocos son los que se presentan a las pruebas selectivas que convoca la Administración. Porque estrecho y tortuoso es el camino que lleva a la adquisición de la condición de funcionario, y ancho y llano el camino que conduce hacia las empresas avariciosas e inhumanas que explotan a sus trabajadores.
Ahora proponen que los funcionarios puedan ser despedidos. Ya han surgido voces que abogan por acabar con el carácter vitalicio de los funcionarios. El presidente de las empresas familiares ha propuesto que los nuevos funcionarios que se incorporen a la Administración pública española tengan retribución variable y una estabilidad en el empleo similar a la de la empresa privada. Ya se ha iniciado el debate en torno al tema de los funcionarios, pero detrás de todo está el afán de sectores empresariales y de la derecha de privatizar el sector público, y por ello quieren vender eso de que el sector público es ineficaz y costoso. Pero el sector privado no ofrece mejor servicio que el público, porque es el bolsillo de los empresarios lo que preocupa, y no la prestación de servicios universales, gratuitos y de calidad. Son los servicios públicos los únicos que garantizan esta prestación, y son los servicios públicos los que están siendo atacados por los mismos capitalistas que reclaman más mercado y menos Estado, aunque son ellos los primeros que recurren al Estado para que les salve del naufragio de la economía financiero especulativa, provocando un gigantesco aumento de la deuda pública que ahora pretenden saldar con sus recetas de adelgazamiento.
Cuando en un Estado los ingresos previstos en forma de impuestos no llegan a cubrir todos los gastos, se produce el déficit público. Y la única forma de gastar más de lo que se tiene es pedir prestado. Si no es posible aumentar los ingresos, no hay más remedio que disminuir los gastos para reducir el déficit. Algunos países, con un déficit mayor que el de España, como Gran Bretaña o Irlanda, van a suprimir en los próximos años, puestos de trabajo de su plantilla de funcionarios, 500.000 y 25.000, respectivamente. En los países escandinavos se evita los problemas de déficit con unos impuestos altos que gravan las rentas de todos sus ciudadanos. Aquí, los políticos no se atreven a subir los impuestos por miedo a perder votos y optan por reducir los gastos, reducción de prestaciones sociales y servicios públicos, con el consiguiente quebranto del estado de bienestar.
La actual crisis económica no la ha provocado el excesivo número de funcionarios, sino que la han causado los empresarios por su afán especulativo de querer ganar mucho dinero en el menor tiempo posible sobredimensionando la producción, como es el caso de la construcción. La sobreproducción de viviendas ha producido el hundimiento del mercado inmobiliario y la explosión de la burbuja inmobiliaria. Ahora parece que la culpa de que las empresas sufran una merma de sus beneficios la tienen los funcionarios. Esto podría explicarse por el hecho de que cuantos menos funcionarios haya, más dinero puede inyectarles el Estado a ellos. Y ya sabemos lo que hacen las empresas, y concretamente los bancos, con el dinero que reciben del Estado. Son ellos los que, con su mala o temeraria gestión, han causado la crisis económica. A ellos, y no a los funcionarios, tendría que castigarles el Estado. En España el principal problema económico no son los empleados públicos sino la dictadura financiera de los bancos. Son éstos los que están arruinando al Estado, los que están sangrándolo. Debería plantearse seriamente el Gobierno nacionalizar la banca para destinar todos sus recursos al resto de la economía. Todas las entidades financieras en manos del Estado solucionarían los problemas de liquidez de nuestra economía. Todos los empleados de la banca trabajarían para el Estado, para servir al bien común. Como buenos y honrados funcionarios. Y esto no es marxismo.
No puede concebirse el estado de bienestar sin funcionarios. Éstos son quienes ejecutan las órdenes que reciben del Estado para servir a los ciudadanos. Pero, en el pasado mes de mayo, por primera vez en la historia, el Gobierno decidió rebajarles el sueldo. Algunos vieron cómo sus salarios disminuían hasta un 7%. Ciertos colectivos ya han manifestado claramente su descontento. Se lo han tomado como un castigo. Y han empezado a tomar represalias. Se sabe que la Guardia Civil impuso durante los primeros días del pasado mes de agosto un total de 20.000 denuncias menos que el año pasado, según la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que denuncia presiones para que las aumenten. A la DGT y al Ministerio de Interior no le cuadran las cuentas y se están poniendo nerviosos. (...) El tema de los controladores es harina de otro costal, pero no hay que olvidar que son empleados de una empresa pública.
¿ Qué pasaría si los funcionarios se sublevasen contra los políticos y se plantasen en actitud desafiante.?. En el Estado son más de 2.600.000 funcionarios. Un número nada despreciable. La insurrección de la mayoría de ellos produciría en pocos días el colapso del Estado. Ni declarando el estado de sitio, o de excepción, se aliviaría el problema que generaría su sedición. No es conveniente amenazar a los empleados públicos. La sociedad debería saber que la condición de funcionario no es sólo una situación jurídica, sino que es algo más, es un estado de ánimo, un estado de gracia, un estado de felicidad al que no renunciaríamos por todo el oro del mundo. Todos los funcionarios nos sentimos ciudadanos de ese paraíso terrenal que es la Administración, ahí están nuestros mejores amigos, por eso a nadie puede extrañar que no nos queramos jubilar nunca. Casi tienen que recurrir a la fuerza para retirarnos al cumplir los 70 años. No nos priven de nuestro cielo en la tierra. Si lo intentan, unidos plantaremos cara al ángel exterminador que enviará el Gobierno para echarnos de nuestro paraíso terrenal. Mal que le pese a algún ministro, si vemos peligrar nuestro estatus le echaremos un pulso al Estado.
