LA reunión de la Comisión del Pacto de Toledo, que ayer concluyó con un mínimo acuerdo en torno al aumento del periodo de cálculo de las pensiones más allá de los actuales 15 años (pese al desmarque de IU, ERC y BNG) y con avances -al menos con CiU- respecto al retraso en la edad de jubilación a los 67 años, hace patente la dificultad de consenso para determinar las necesidades reales de reforma del sistema, cuáles son éstas o incluso si surgen por la presión internacional derivada de la situación general de la economía española, sobre la que los actuales -mucho menos los futuros- trabajadores y pensionistas carecen de responsabilidad. Es cierto que la OCDE ya recomendó en febrero a José Luis Rodríguez Zapatero la adecuación de la edad de jubilación a la esperanza de vida. Y que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, pidió de nuevo hace apenas cinco días al Ejecutivo español la reforma urgente del sistema. O que nadie parece dudar ya de las predicciones del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que elevan los actuales nueve millones de pensionistas del Estado a algo más de 15 millones dentro de 40 años, lo que supondría un gasto público del 15% del PIB cuando hoy es del 9%. También que Holanda y Alemania (67 años) y Gran Bretaña (68) ya han decidido elevar la edad de jubilación. Pero todo ello no es razón suficiente, sobre todo sin una explicación persuasiva que aún no se ha ofrecido. Así, tanto en el caso de la modificación del periodo mínimo de cotización de 15 años, vigente desde 2002, como en el retraso de la edad de jubilación, no contemplar gradualismos, particularidades e incluso la libertad de elegir el momento y modo de la jubilación en virtud de determinadas circunstancias laborales o personales -es decir, no especificar al detalle el planteamiento- podría justificar la duda de que la pretensión de la reforma y su urgencia no se plantean precisamente con el objetivo de evitar la descomposición del sistema sino con el de satisfacer otras necesidades más actuales que poco o nada tienen que ver con la sostenibilidad de la Seguridad Social. Y es al Gobierno de Zapatero al que compete aclararlo si pretende neutralizar la idea, ya asentada socialmente, de que la reforma de las pensiones no es sino otro modo de trasladar al ciudadano las consecuencias de una crisis global en cuya génesis no ha participado.