LA misión específica del sistema financiero debería ser la de vincular el ahorro, por un lado, con la inversión y con el consumo, por el otro, el corto con el largo plazo, garantizando de esta manera el acceso a crédito para la economía productiva y generadora de empleo, así como posibilitando el consumo de los particulares para la satisfacción de sus necesidades básicas. Esta función social de las finanzas debería a su vez insertarse en una lógica de regulación pública, que estableciera las condiciones ecológicas, laborales y sociales oportunas para las prioridades sociales de préstamo, inversión y consumo.
Desgraciadamente, la realidad actual de la banca -y del modelo económico vigente- se encuentra en las antípodas de la función que debería cumplir. Así, frente a ese rol natural de facilitador, el sistema financiero se ha convertido en el máximo exponente de la búsqueda incesante de la maximización del beneficio a corto plazo, llevando al extremo la lógica de desregulación, privatización, mercantilización y descontrol público y social de la economía. El resultado es la primacía de la economía no productiva, a través de un ingente mercado de capitales completamente flexible -en un día dichos mercados mueven seis veces lo mismo que genera la economía productiva mundial en todo un año-, que se rige con lógicas cortoplacistas y de ganancia rápida, y que genera una vulnerabilidad extrema a nivel planetario, con efectos devastadores, como hemos podido comprobar.
Así, no hay más que analizar nuestra historia reciente para constatar esta espiral suicida, para darse cuenta de que se ha tropezado en la misma piedra una y otra vez: crack del Nikkei a causa de la burbuja inmobiliaria de Japón en 1990; la crisis del Sistema Monetario Europeo en el 92; efecto Tequila en el 94; la caída de los dragones asiáticos en el 97; el efecto Vodka en el 98; el efecto Samba en el 99; pinchazo de las puntocom; Enron y el corralito argentino en 2001, y finalmente el crack de las hipotecas basura en 2007, cuya crisis aún estamos sufriendo.
Por supuesto, a esta realidad de crisis permanente, con graves efectos sobre los derechos de las personas y pueblos, ha contribuido específicamente la colusión de intereses de mercados especulativos y gobiernos neoliberales. De esta manera, el tamaño global del mercado, junto al peso específico de este sector especulativo, genera una creciente presión sobre los gobiernos, que definen sus políticas en función de las supuestas necesidades de los mercados, en detrimento de las prioridades para la población.
Ante ello, es necesario que la banca asuma la función de promoción del empleo, de la inversión productiva y del consumo responsable, y para ello debemos apartarnos radicalmente del camino capitalista y neoliberal. Por ello, abogamos por un modelo socioeconómico alternativo, que ponga los derechos de las personas y pueblos en el centro de su actuación. En este nuevo modelo, la banca tomaría la consideración de servicio público, con lo que evitaríamos la autorregulación del sector -que es lo que le confiere poder y capacidad destructiva-, a la vez que se constataría la insuficiencia de los controles establecidos en la actualidad, que no son más que puro maquillaje.
Por ello, abogamos por un sistema financiero regulado y bajo fuerte control social y público -empezando por los Bancos Centrales, superando la falacia de su supuesta asepsia y autonomía-. De esta manera, y en el contexto actual, solo un sistema financiero completamente público y bajo estricto control democrático, puede servir a los objetivos formulados por la sociedad, en términos de empleo, ecología, cuidado, etc.
Por lo tanto, abogamos por la completa nacionalización del sector financiero en Euskal Herria y, como primer paso en esta estrategia, defendemos el mantenimiento y amejoramiento del estatus público de las cajas de ahorro vascas -BBK, Vital Kutxa, Kutxa y Caja Navarra-, bajo dos premisas fundamentales: una, la de definir una regulación interna específica que normativice su misión, de manera que los parámetros sociales del préstamo y de la inversión se adecúen a las prioridades de una economía del cuidado, de la generación de empleo de calidad, de la lucha contra el cambio climático, de transformación de la matriz energética, del apoyo a los circuitos cortos económicos, del apoyo al consumo de los sectores más vulnerables, y, en definitiva, de la justicia social; dos, la de establecer sistemas de control social que garanticen precisamente su alineación con los objetivos sociales marcados previamente.
Así, solo cambiaremos la caótica realidad actual obligando a las Cajas a concretar el marco de su función social -evitando a su vez la actividad especulativa, los elevados tipos de interés, las estafas, las inversiones en paraísos fiscales, en el sector armamentístico, etc.- y estableciendo sistemas transparentes de rendición de cuentas, además de un control directo por parte de los movimientos sociales ligados a la pobreza o a la precariedad, los movimientos ecologistas, sindicatos y partidos políticos.
Se trataría, por tanto, de avanzar en la lógica contraria a lo legislado por el Gobierno del Reino de España en la reciente Ley de las Cajas de Ahorro. Esta Ley sirve para que las Cajas de Ahorro sean cada vez más una copia zafia de los bancos, imitando sus lógicas perversas -buen ejemplo de ello es la recién creada BBK Bank-. Así, convertir las cajas de ahorros en bancos es el mejor camino para que estos últimos eliminen la competencia y puedan absorber a las primeras. De esta manera, frente a una banca privada, destructiva, todopoderosa, salvada y ayudada por toda la sociedad, que, a pesar de ello, se atreve, cual Vito Corleone, a señalar con el temible dedo de los mercados a los gobiernos que no se sometan a sus pretensiones, oponemos, de manera radical, una banca pública alternativa.
En estos momentos en Euskal Herria solo tenemos un ejemplo de banca que funcione con esos criterios, y es el caso de FIARE. No obstante, por mucho que este ejemplo sea recomendable para todas las personas que creemos en estas lógicas alternativas, nuestra labor política es exigir que esa función sea pública, y no quedar exclusivamente en el ámbito asociativo y cooperativo de los ciudadanos. Así, nuestros impuestos, junto con toda la capacidad de control de las instituciones, se deberían destinar a crear un sistema de finanzas al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.
Por ello, apostamos por un modelo económico socialista, por una banca pública que asuma una función social, y exigimos la toma de cuantas medidas sean necesarias para que las cajas de ahorro vascas mantengan su estatus público en los términos antes referidos.
