estamos asistiendo a una campaña de manipulación de la opinión pública, impulsada por las administraciones vascas con la enorme colaboración de algunos medios de comunicación, que tiene en su diana el fraude en las ayudas sociales. Se manipulan los propios datos sobre el fraude existente en este tipo de ayudas y, lo que es más grave, se manipula el objetivo que se persigue con esta campaña.
El primer escenario de manipulación son las cuentas del fraude. El total de fraude detectado en las mal llamadas ayudas sociales -en esta expresión se engloban la Renta de Garantías de Ingresos, destinada a cubrir gastos de manutención, vestido y calzado; la prestación complementaria de Vivienda y las Ayudas de Emergencia Social, cuyo objetivo son la cobertura de gastos extraordinarios a los que no pueden hacer frente la gente pobre- asciende, entre comienzos de 2009 y el primer semestre de 2010, a 841 casos en las tres capitales de la CAPV. En el caso de Gasteiz, son 277 casos de fraude sobre 7.544 expedientes; en Donostia, 61 casos sobre 2.638 expedientes y en Bilbao, 503 sobre 25.572. En total, el fraude asciende, en cuanto a las familias imputadas, a un 2% y en cuanto al dinero defraudado, a 4 millones de euros, cantidad que no llega ni al 2% de los importes aportados.
Pero, ¿qué se considera fraude en los procedimientos que se inician para perseguirlo? Tomemos los datos de Vitoria-Gasteiz. Los/as técnicos/as de intervención social del Ayuntamiento han abierto en el último año 375 expedientes por motivos fraudulentos. 132 (35%) lo han sido por no comunicar cambios de datos; 115 (31%) por ocultación de datos; 112 (30%) por no residir en la vivienda y 16 (4%) por otras causas. No comunicar cambios de datos no es en sí mismo un fraude. En muchas ocasiones, es un simple error que comete la gente perceptora por desconocimiento y en otros, es una responsabilidad del propio Ayuntamiento que no comunica con acuse de recibo a la gente perceptora que tiene que presentarse ante la trabajadora social. A partir de ahí se invierte la carga de la prueba, apareciendo la persona perceptora, a la que normalmente se le suspende el pago de sus prestaciones, como responsable de demostrar que no ha recibido la comunicación.
Hay muchos casos de no residencia en la vivienda en la que se está empadronado que no se puede calificar como fraudes más que desde un punto de vista de aplicación formalista y superficial de la legalidad. Afecta en mayor medida a gente inmigrante cuyos problemas para empadronarse donde realmente residen son en ocasiones insalvables. Estas personas cumplen todas las condiciones para percibir la RGI excepto la del empadronamiento. Por eso se ven obligadas a empadronarse en un lugar distinto al que residen. Su comportamiento fraudulento no busca apropiarse de unas prestaciones a las que no tienen derecho, sino salvar un requisito legal injusto que le impide el acceso a esas prestaciones.
El segundo escenario de manipulación es qué se busca con esta campaña de persecución del fraude. No defiendo que no se persiga a quienes se aprovechan injustamente de las ayudas sociales, pero estoy en contra de la campaña que se ha orquestado porque, primero, está injustificada desde el punto de vista de los efectos que tiene dicho fraude en las finanzas públicas, así como en la extensión del fenómeno entre la gente perceptora; segundo, resulta inmoral poner en el punto de mira a las personas sin recursos como nido de comportamientos fraudulentos, cuando se pasa de investigar los auténticos nichos de fraude, aquellos que sí que tienen verdadero impacto en el PIB (el fraude fiscal, empresarial, etc.) y tercero, genera un caldo de cultivo muy peligroso, en términos sociales, en los que ya se ve germinar la xenofobia y el racismo.
Va de suyo que no considero que quienes dirigen nuestras administraciones sean gente poco inteligente, incapaz de valorar el fundamento de los argumentos que hasta ahora vengo comentando. Más bien se trata de que sus objetivos van por otros derroteros de aprovechar que, en momentos de crisis, por desgracia, es más fácil potenciar los elementos negativos e insolidarios para señalar falsos enemigos entre los sectores más damnificados y de crear una opinión pública de desprestigio de las ayudas sociales, lo cual favorecerá propuestas futuras enfocadas a su recorte.
El complemento que cierra el círculo de la campaña contra el fraude en las ayudas sociales lo viene poniendo sistemáticamente la consejera Gemma Zabaleta a través de mensajes como la responsabilidad individual, la activación o la empleabilidad. Esos mensajes van dirigidos a señalar que las personas que hoy reciben prestaciones, ya sea bajo la modalidad de ayudas sociales o del desempleo, tienen que cambiar de chip y pensar que, en muy poco tiempo, por la nueva vía del milagroso Instituto Vasco de Empleo Lanbide, van a ver cambiar su vida. Lanbide hará florecer las oportunidades de empleo, conectará a las personas que no los tienen con quienes se los van a proveer, mejorará la formación y habilidades de la gente en paro y sin recursos, etc. Y, sobre todo, controlará las actitudes de no activación y no voluntad de empleabilidad para echar del sistema de prestaciones a miles de personas. Es una vieja política anglosajona que ha producido más pobreza, ha debilitado la cohesión social y, además, tampoco ha sido rentable en términos de mejorar las finanzas públicas.
