EN este frenesí presente por revisar la vida y milagros de quien necesita una apoyo económico para subsistir, el Gobierno Vasco anunció ayer que va a analizar a lo largo de los próximos seis meses los datos aportados por los 80.000 perceptores de ayudas sociales en Euskadi para detectar posibles fraudes en el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (lo que antes se llamaba Renta Básica), las Ayudas de Emergencia Social y la Percepción Complementaria de Vivienda. Van a revisar tres aspectos: que quien recibe la ayuda esté dado de alta en los servicios de búsqueda de empleo, que esté bien empadronado (es decir, que no haya dos perceptores por vivienda) y que ni posea bienes inmuebles más allá de su vivienda habitual ni sus rentas sobrepasen los requisitos legales. Al parecer, la labor la van a realizar trabajadores de los departamentos de Asuntos Sociales y Hacienda, aunque no se sabe cuántos. No soy ducho en matemáticas, pero he hecho cuentas, y cuántas cuentas tontas, sin duda. Durante los próximos seis meses habrá unos 132 días laborables, y eso siendo muy generoso (olvido Navidad, Semana Santa y alguna otra fiesta), lo cual quiere decir que tendrán que estudiar al día 606 expedientes. Si se ponen a ello, y sólo a ello, 30 personas (15 por departamento, unos 20 expedientes para cada trabajador en jornada de ocho horas), emplearán 24 minutos por expediente, ocho para cada uno de los tres aspectos que el Gobierno Vasco quiere revisar. No sé si les va a dar tiempo. Necesitarán más currelas. Podrían contratar desempleados.
