primero el Gobierno español propuso un brutal recorte de más de 900 millones de euros para la ayuda al desarrollo. Ahora el PP nos propone otro recorte, de la mano de un imposible ejercicio moral: rebajar el dinero que España destina en ayuda al desarrollo a las personas de los países más pobres, para que no se congele el sueldo de nuestros pensionistas. Aquéllos, nuestros…
Todos conocemos a un pensionista, pero ¿quién conoce a una de las cerca de 1.000 millones de personas que pasan hambre cada día en el mundo? ¿Y a qué pobre le quitamos primero la ayuda que necesita, al de allí o a los que están pasando hambre aquí en casa? Lo que nos propone el partido de la oposición con esta enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 es elegir entre los pobres de aquí y los pobres de allí.
Pero esta crisis no es un dilema entre pobres. Hoy está en juego que la crisis no la paguen los de siempre, vivan donde vivan. Por eso, es inmoral pedir, como lo hace el PP, una exención impositiva al Año Internacional de la Dieta Mediterránea y al mismo tiempo una rebaja de 200 millones de euros destinados a la lucha contra la pobreza.
Hay fondos suficientemente prescindibles por donde se puede apretar el cinturón del Estado: el mantenimiento del parque móvil ministerial costará el próximo año 47 millones de euros, cuando nuestro país sólo destinó 43 millones a Níger, Mali y Chad afectados el año pasado por la crisis alimentaria en el Sahel. Más ejemplos: 135 millones compensarán a las concesionarias de autopistas por unos sobrecostes indeterminados en las expropiaciones o 47 millones irán a pagar un lote de 770 misiles IRIS-T (el triple del gasto del año pasado). Todo esto sin contar con las ingentes cantidades de dinero que se han dado ya a los bancos para superar la crisis que ellos mismos han provocado.
¿De verdad tenemos que decidir a qué pobre se le quita la comida de la boca? Hay otras formas de recaudar fondos que permitirían luchar contra la pobreza y al mismo tiempo mantener el gasto social en los países afectados por la crisis: la puesta en marcha de una tasa a las transacciones financieras, que gravaría principalmente las transacciones especulativas de capitales. O poner coto a los paraísos fiscales, que cada año hurtan a los estados miles de millones de euros en impuestos. La ayuda al desarrollo ha sufrido ya un recorte severo. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno la han mermado en unos 918 millones de euros. Si el Gobierno la ha dejado malherida, la petición del PP supone darle la puntilla.
Nerea Basterra
Directora de Intermón Oxfam en el País Vasco
