En defensa de la paz y de la justicia

Unas semanas antes de que la bomba de ETA en la T4 del aeropuerto de Barajas pusiera música de entierro al anterior proceso de paz, Elkarbide propuso cuatro medidas para dar estabilidad a los deseos ciudadanos de paz y justicia: la humanización del conflicto, que exigía el reconocimiento de las víctimas de ETA y de los atentados de la extrema derecha, el acercamiento de presas y presos de ETA a Euskal Herria, la supresión de la incomunicación y el cumplimiento de protocolos garantistas para las personas detenidas en comisarías; el cese definitivo de todo tipo de acciones armadas de ETA, así como de la kale borroka; la derogación de la Ley de Partidos, con la consiguiente legalización de la izquierda abertzale y que todas las personas y todas las corrientes políticas pudieran actuar en la vida pública o ejercer representación en la misma sin ningún tipo de amenazas; y el reconocimiento de vías jurídicas para que la ciudadanía vasca, teniendo en cuenta la diversidad de administraciones institucionales en que está dividida, pudiera ejercer el derecho a decidir las propias relaciones entre tales administraciones, así como con las de otras naciones y pueblos de su entorno.

Pese a los grandes avances de los acuerdos de Loiola, aquella tregua sufría ya una profunda erosión en la que el inmovilismo del Gobierno de Madrid tenía mucha responsabilidad. Por eso, también dijimos que cada actor político -gobiernos, partidos y ETA- debía tomar de forma unilateral lo que en ese cuadro de decisiones correspondía a cada cual. Que todo lo que fuera establecer acuerdos entre tales actores políticos sería positivo, pero que esto no podía seguir funcionando como excusa para atrasar la hora de la paz y de la justicia, hora para la que las decisiones irreversibles, aun siendo individuales, eran garantía insustituible.

Hoy seguimos pensando lo mismo. Pero cada momento de la historia suele tener un punto de inflexión que si se toma bien puede ayudar a mejorar todo un proceso. Hoy y aquí, que la manifestación solicitada para el 2 de octubre pueda celebrarse y sea multitudinaria, puede ser ese punto de inflexión y puede convertirse en un lugar de convergencia entre quienes desde distintas sensibilidades anhelamos la paz y la justicia.

Quizá desde algún lugar de la Administración se diga que manifestaciones como ésta sólo hacen el caldo gordo a ETA. Sinceramente, no. Todos los pasos que el día 2 caminen hacia adelante en manifestación estarán dejando a ETA fuera del escenario político, relegada para resolver con el Estado exclusivamente el fin de la violencia y las cuestiones sobre desarme y presos y todos esos pasos estarán exigiendo que no haya una sola persona amenazada por ella. Y cada uno de esos pasos adelante estará exigiendo e imponiendo un escenario donde ningún sector de la izquierda abertzale se vea privado de uno solo de sus derechos a la expresión y representación política, ni detenido, encarcelado o condenado por ejercerlos.

Queremos mirar, también, a nuestra Universidad y queremos reivindicar sus deberes a favor de la paz y de la justicia hoy y ahora. Las instituciones universitarias deben ocupar su propio espacio en este proceso y lo deben hacer de una manera pública y, en todo lo que se pueda, publificada; un espacio eminentemente ético, cívico e intelectual orientado a propiciar cuantas medidas favorezcan el fin de la violencia y el pleno ejercicio de los derechos humanos e impulsen para ello el diálogo y la participación social.

Además, la Universidad -con el compromiso activo de todos los componentes de la comunidad universitaria- debería convertirse en un espacio en el que la defensa pública y activa de la paz y la justicia se ejerciera con la máxima participación de sus miembros (y no sólo de sus instituciones), con el diálogo y con acuerdos. Quienes suscribimos este documento nos comprometemos especialmente con este nuestro deber universitario.

EL primer día de setiembre, la consejera de Educación del Gobierno de Lakua, Isabel Celaá, hizo unas declaraciones, recogidas en prensa, mediante las que aseguraba que "por primera vez el curso comenzaría con todos los y las profesores en su puesto de trabajo", queriendo así vendernos la moto, como acostumbran también el resto de los departamentos, de que con ellos llegó la cordura y el orden, pues hasta entonces parecía haber reinado algo cercano al caos.

Nada más lejos de la realidad. Si han hecho algo es, en la mayoría de los casos, deshacer con diversas patrañas y maniobras, lo poco o mucho hecho en décadas (léase Heldu, Berdindu...). Pero sobre esto no me quiero extender. El objetivo de este artíulo es dejar en evidencia que lo dicho por la consejera no es sino una falacia más, y denunciar la situación kafkiana a la que me he visto sometido debido a la ineficacia y la arbitrariedad del departamento que ella tan ufanamente dirige.

Fui intervenido quirúrgicamente a principios de junio, y como consecuencia de ello permanecí de baja hasta el 8 de setiembre. Durante el verano, en tres instancias diferentes del departamento (información de educación, personal e inspección médica) me dijeron que, al estar de baja en agosto, cuando me dieran el alta tendría derecho a vacaciones, a disfrutarlas inmediatamente después del término de la baja. El mismo día 8 de setiembre rellené un impreso solicitando las vacaciones y, tanto en información como en personal, me dijeron que debía incorporarme a mi centro de trabajo el día 9 de octubre. En personal me aseguraron, además, que mi sustituto/a estaba ya en el centro.

Nada más lejos de la realidad. Fui al centro para informar a la dirección y hablar con mi sutituto/a, y el director me informó que les habían dicho que no llegaría hasta el lunes día 13, habiendo comenzado la actividad el día 1 y las clases el día 6. Pero lo verdaderamente alucinante fue que, dos días después, me llamaron para decirme que en una reunión en Lakua habían decidido cambiar el procedimiento y que no sólo no iban a poner sustituto para mis vacaciones, sino que, además, debía incorporarme a mi puesto inmediatamente y que las vacaciones, a las que sí tengo derecho, ya las cogería el año que viene, preferiblemente ¡en julio!

O sea, que los y las responsables de Educación, tan preocupados por esa supuesta educación para la paz, no tienen el mínimo de educación necesario simplemente para convivir con y respetar a sus propios trabajadores, sino que se dedican a tomarles el pelo.

El día 6

faltaban

profesores