La crisis de las pensiones que llevaban vaticinando desde hace veinte años ha llegado al fin. Sólo que en vez de ser las pensiones estatales las que no pueden pagarse, es justo al revés. Y es que los fondos de pensiones privadas, que antaño fueron vendidos como la solución para que el sistema público no entrara en crisis, han sido las primeras en caer.

Desde el crack de 2008, estos fondos han perdido gran cantidad de capital y han decrecido un 18,3% en todo el mundo. Todo esto puede parecer una minucia, pero hay que tener en cuenta que estos fondos representan doce veces el PIB del Estado o, lo que es lo mismo, el 27% del PIB mundial.

El peor parado de esta futurible crisis es el Reino Unido, donde el 50% de su ciudadanía tiene contratada una pensión privada con unas empresas que acumulan 120.000 millones de euros en pérdidas. Si declaran la bancarrota, a los afectados lo único que les salvaría son los mecanismos del Estado, que los empresarios tanto han criticado. Pero, eso sí, aunque se diera la intervención, las pensiones serían menores que las contratadas.

Muchos Estados europeos han creado estos últimos años sistemas de pensiones mixtas para hacer frente a la anunciadísima inviabilidad de las pensiones. Naturalmente, la relación entre recortes en las pensiones y el aumento de negocio de los fondos privados van unidos.

Como es obvio, nuestros gobernantes no desean que esta crisis se produzca. Para ello han decidido recortar las prestaciones por jubilación para que crezcan las inversiones en los fondos privados y aumentar la edad de jubilación.

Es indignante que nuestros gobernantes nos hagan pagar a los ciudadanos y ciudadanas una crisis, que ha sido generada por la intromisión de unas empresas financieras en un sector que era con anterioridad titularidad estatal, en el cual se metieron para llevarse los beneficios que antes se llevaban los diferentes Estados.