EL Deportivo Alavés continúa sumido en una crisis financiera que le impide otear el futuro con optimismo pese a los buenos resultados deportivos en estos primeros compases de la temporada. De poco o nada valdrán los goles en el césped si en los despachos imperan la improvisación, el desorden y la falta de un rumbo compartido por el club y las instituciones para conducir el timón una entidad económica y sentimentalmente tan importante para Álava. El Registro Mercantil anuló ayer la ampliación de capital mediante la que Alfredo Ruiz de Gauna se había hecho con el control de más del 50% del accionariado, un nuevo giro en el culebrón albiazul que deja al actual presidente y al resto del consejo de administración en una delicada situación ante los pequeños accionistas -a quienes los errores de procedimiento les dejan de momento con sus acciones invalidadas, aunque pagadas-, anunciantes, acreedores e, igual o más importante, los miles de aficionados que muestran su devoción por unos colores con 90 años de historia. Según el club, los motivos esgrimidos por el registrador para echar atrás la ampliación son fácilmente subsanables y asegura que así se hará en los próximos días, pero no especifica cómo. En cualquier caso, y mientras así no ocurra, a tenor de la nulidad del Registro Mercantil Ruiz de Gauna legalmente sólo cuenta con el poder de los títulos que compró a Fernando Ortiz de Zárate y a la familia Arregui -en torno al 36% del total- antes de la ampliación de capital con el objetivo precisamente de acceder al nuevo accionariado desde una posición preferente. Las salidas que se le presentan ahora al entuerto jurídico-mercantil no están del todo claras y el nuevo jarro de agua fría sume al Deportivo Alavés en una situación de permanente incertidumbre de la que no se acaba de desquitar desde el final del ominoso trienio de Piterman. Los alaveses, principales acreedores del club por mediación de la Diputación, necesitan explicaciones convincentes de manera inmediata. No parece de recibo que a día de hoy no se sepa cómo queda el accionariado ni si existe un plan que garantice la viabilidad del Alavés siquiera a medio plazo. Y en dos meses expira el plazo previsto en el proceso concursal para abonar el primer pago anual -2,1 millones de euros- a los acreedores. Demasiados frentes abiertos.