CUANDO el Gobierno de Zapatero daba por cerrada la última crisis abierta con Marruecos con Melilla y Ceuta como telón de fondo tras el viaje de Rubalcaba a Rabat y el previsto encuentro entre Juan Carlos de Borbón y Mohamed VI, la acción política que protagonizaron el domingo un grupo de activistas canarios en El Aaiún para defender la causa saharaui ha vuelto a ensombrecer las relaciones. Sobre todo después de que las imágenes hayan mostrado las consecuencias de los malos tratos de que fueron objeto por parte de la policía marroquí y de que el Gobierno haya tenido que exigir explicaciones a Marruecos. Además, ha vuelto a poner en la agenda política y en el ámbito de las relaciones bilaterales con Marruecos el asunto del Sahara, derivado de un mal proceso de descolonización española y de la falta de valentía y compromiso de la comunidad internacional. Los activistas no sólo han anunciado que denunciarán las torturas, sino que exigen a Zapatero que aclare su posición sobre los derechos de los saharauis. La República Árabe Saharaui Democrática ha cumplido 34 años con la mayoría de su territorio ocupado por Marruecos -la riqueza en fosfatos, en bancos de pesca frente a Canarias y en petróleo en la frontera con Argelia son la motivación principal-, y cerca de 200.000 personas abandonadas más de tres decenios en el desierto y refugiadas en los campos de Argelia y en los territorios liberados. La ONU trata de impulsar ahora una quinta ronda de conversaciones entre el Frente Polisario y Marruecos, en otro intento de buscar una solución que incluya el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los saharauis y de imponer a Marruecos la aplicación de las resoluciones y acuerdos políticos y humanitarios favorables a la causa saharaui adoptados con el aval del Derecho Internacional y que el régimen de Rabat boicotea sistemáticamente con un chantaje -con la presión sobre Ceuta y Melilla, con las dificultades a las campañas de pesca, con la amenaza del terrorismo islamista, con las mafias de la inmigración ilegal, con las concesiones a las empresas españolas o francesas que explotan los recursos naturales en la zona, etcétera-, que Europa (España y Francia, sobre todo) y EEUU aceptan con la indigna sumisión de los derechos humanos y la libre voluntad democrática de los saharauis a los intereses geoestratégicos y económicos.