EL Departamento de Empleo y Asuntos Sociales anunció ayer por medio de un comunicado que va a realizar -con varios meses de retraso, todo hay que decirlo- una aportación extraordinaria de 6,7 millones de euros destinada a las Ayudas de Emergencia Social (AES). Estas ayudas son aportaciones económicas públicas que no tienen carácter periódico dirigidas a personas que, dada su situación, no pueden hacer frente a gastos específicos, incluso ordinarios. Es decir, están destinadas a ciudadanos con importantes carencias y necesidades económicas y que, por ello, se encuentran en situación de exclusión social o en serio riesgo de caer en ella. Es, por ello, una buena noticia que el Ejecutivo vasco haya decidido, por fin, ampliar la partida destinada a las AES. Es exactamente lo que le demandaban los ayuntamientos vascos desde hace meses y, a la vista de los resultados, puede decirse que han ganado la batalla porque ha sido precisamente su determinación -cargada de razones- lo que ha obligado al Departamento dirigido por Gemma Zabaleta a dar su brazo a torcer y realizar un incremento económico absolutamente imprescindible tanto para el sostenimiento mismo de las ayudas como para el mínimo desahogo de los ayuntamientos. Aunque en sentido estricto el Ejecutivo no ha hecho sino cumplir con su obligación y con sus atribuciones competenciales, no deja de ser positivo que, gracias a la presión que han ejercido los Ayuntamientos -muchos de ellos con las arcas seriamente afectadas-, la situación quede al menos mínimamente encauzada. Los consistorios, históricamente, han tenido que afrontar la gestión de las AES y lo que supone este tipo de gastos pese a no tener asignada la competencia en la materia. Por ello, acogieron con alivio el anuncio inicial de la consejera de que el Ejecutivo "no le dejaría solos" en la cobertura de las AES. Sin embargo, los meses pasaban sin que la consejería atendiese a sus demandas pese a que, ante la grave situación de crisis económica, sus arcas se vaciaban de forma alarmante mientras crecían las peticiones de ayudas por parte de vecinos con serios problemas económicos. El sistema en sí necesita un replanteamiento general en el que, fruto del diálogo entre instituciones, grupos políticos y organizaciones, se alcance un consenso sobre las ayudas sociales, su gestión y su dotación.
