EL Gobierno central no sólo está trampeando el contenido final de su propia reforma laboral con sucesivos anuncios que incluyen mayores recortes de derechos sociales y laborales sobre el restrictivo texto original, sino que utiliza a uno de los ministros peor valorados y más desconocidos, Celestino Corbacho, para lanzar nuevas amenazas sobre el sistema actual de cobertura laboral. En sólo dos días, los previos al debate de la reforma laboral en el Senado, Corbacho anunció que se estudiaba la reducción de 100 a 30 del plazo de que un desempleado dispone para aceptar una oferta de trabajo o un curso de formación sin perder su derecho a las ayudas -medida que parece más destinada a maquillar los penosos índices del paro que a combatir el fraude laboral, la ineficacia del Inem y la alta temporalidad-, y retomó la posibilidad de elevar desde los 15 años actuales hasta los 20 la base de cálculo de la pensión de jubilación, globo sonda ya lanzado en un presunto ejemplo en un informe enviado a la UE hace meses y tanteado otra vez por José Luis Rodríguez Zapatero en el debate sobre el Estado de la Nación. Lo primero va camino de convertirse en realidad, después de superar el trámite de ayer en la Comisión del Senado, en el debate definitivo de la reforma de la reforma laboral -no hay que olvidar que el Gobierno ya la aprobó vía decreto a mediados de junio- en el Congreso el 9 de septiembre. Lo segundo, dados los precedentes, hay que esperar que acabe materializándose. Es evidente que el Estado español necesita abordar una reflexión sobre el modelo de su mercado laboral obsoleto, encorsetado en favor de unos trabajadores y en perjuicio de otros, centrado en la temporalidad y la reducción de derechos en comparación con la media de la UE e incapaz de incorporar a los jóvenes cualificados. Pero en lugar de afrontar ese debate desde parámetros garantistas del Estado de bienestar, el Gobierno parece empeñado en contentar a los sectores más mercantilistas y neoliberales, incluso a costa de criminalizar a quienes están en el paro bajo la acusación generalista de que hay mucho aprovechado parado. De nuevo, se carga la responsabilidad de la crisis bien mediante recorte de derechos, bien mediante aumento de presión fiscal general, sobre quienes no han tenido responsabilidad en sus causas, principalmente trabajadores, profesionales, pymes, comerciantes y autónomos.