La frase define acertadamente la situación que se está viviendo en estos momentos en los centros de la red pública vasca fruto de los intentos de recortes gravísimos que el Departamento de Educación ha buscado imponer en las plantillas. No estamos hablando de las decisiones que para evitar "viejos debates identitarios" y "anteriores adoctrinamientos" han tomado modificando el currículo escolar, limitando el uso del término Euskal Herria y del euskera como lengua principal de enseñanza; ni de la importación del modelo trilingüe con el claro objetivo de debilitar la enseñanza en euskera; ni de la aprobación del parcial y partidista Plan de Convivencia Democrática. Estamos hablando de que la fuerza política que se reclama defensora de la enseñanza pública igualitaria y compensadora de desigualdades ha intentado el mayor recorte de recursos y de servicios de toda nuestra historia reciente. Y para ello se apoya en la negociación del nuevo convenio laboral para los próximos tres años y a través del acuerdo con sólo el 35% de la representación sindical.

Esa negociación que se inició en enero estuvo marcada desde el principio por las cartas que ya en la primera mesa sectorial puso Educación encima de la mesa: crisis económica, insostenibilidad del actual sistema de plantillas y necesidad de gestión responsable, que significaba exactamente atender con la plantilla actual a las más de 100 aulas de nueva creación.

Después de cuatro meses de simulacro de negociación y vista la gravedad de los recortes, la mayoría sindical convocó la huelga del 25 de mayo. Llegaron después las propuestas de plantillas y todo el mundo entendió lo que se venía encima. La reacción de más de 170 directores y su amenaza de dimisión evidencia la indignación que existe en los centros educativos. No le ha quedado al Departamento más remedio que echar marcha atrás y decir ahora que esas propuestas eran provisionales y que no va a haber recortes. ¿Por qué no lo hicieron antes?

Los recortes afectan con especial gravedad a dos etapas muy sensibles del proceso educativo: educación infantil -donde se eliminan los apoyos que existían hasta ahora- y alumnado con necesidades educativas especiales y específicas, para los que hay cambios en los criterios de diagnóstico. Los refuerzos en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se ven también gravemente reducidos. Además, se producen recortes en la oferta del servicio Irale (200 liberaciones trimestrales menos) y en la cobertura de sustituciones debido a bajas o permisos. Han firmado un nuevo sistema retributivo que tendrá como consecuencia que los que más ganan ahora (funcionarios/as con más antigüedad y directores) cobrarán todavía más y los que menos, todavía menos.

Es penoso oír a Educación decir que los sindicatos que convocamos la huelga el 25 de mayo estamos trasladando nuestra frustración a los centros. Esta Administración ha realizado un ataque en toda regla contra la calidad de la enseñanza pública, privando a nuestros centros de los recursos necesarios para enfrentar los retos que tiene planteados, que no son pocos ni fáciles.