El anuncio por parte del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de la aprobación de la reforma laboral el próximo día 16, haya o no acuerdo entre la CEOE y la mayoría sindical del Estado, así como la filtración paulatina de sus principales ejes refuerzan la percepción de que el Ejecutivo está abocado a un equilibrio imposible que impedirá, una vez más, lograr los objetivos que se perseguían y no se han logrado con las cuatro anteriores modificaciones del mercado laboral aprobadas desde 1984, tres en los últimos 13 años. La mera elección de la fecha límite para la aprobación, coincidente con la víspera del último Consejo Europeo bajo presidencia española y con el primer partido de la selección española en el Mundial de Sudáfrica, denota ya que es de nuevo la presión de la UE la que obliga a Zapatero con lo que no cabe ya preguntarse quién decide los cambios en la política económica del Estado pero también que éste teme una reacción social similar a la provocada por el famoso decreto de reajuste contra el déficit. Y ello no apunta a que la reforma que pretende implementar el Gobierno sea la imprescindible para un cambio estructural del mercado de trabajo que favorezca la productividad y la competitividad sin menoscabar los derechos de los trabajadores, sino más bien a un inviable intento de no inclinar demasiado, o de modo demasiado evidente, el fiel de la reforma hacia la patronal o los trabajadores. Tan inviable que tanto la amenaza de aprobación unilateral como los parámetros de la reforma que ya se han dado a conocer siquiera de manera no oficial se asemejan en muchos puntos indemnización por despido de 33 días por año trabajado a los nuevos contratos, reducción de la temporalidad y deducciones en las cotizaciones empresariales a aquella otra reforma que en plena mayoría absoluta quiso aprobar José María Aznar en 2002 mediante el famoso decretazo que le costó una huelga general, la destitución del ministro de Trabajo y un recurso de inconstitucionalidad, curiosamente presentado también por los socialistas, sobre el que cinco años después, en 2007, el TC falló de modo favorable. En definitiva, la reforma (o contrarreforma) laboral que pretende Zapatero tampoco parece que vaya a ser muy novedosa.