Sin perjuicio de las responsabilidades penales que ya establece la ley contra quienes hacen tráfico de influencias o son responsables de cohecho y/o malversación de fondos públicos apoyándose en los cargos que ejercen, los partidos políticos, si de verdad quisieran comprometerse y acabar con esas prácticas dolosas, podrían y deberían asumir subsidiariamente los perjuicios que sus afiliados o designados puedan causar al patrimonio público por esos conceptos.
No me cabe la más mínima duda de que en ese caso analizarían mucho mejor la ética y moralidad de sus candidatos, tomarían las precauciones debidas y necesarias y serían mucho más sensibles a signos externos escandalosos que ahora parece que no preocupan a nadie hasta que la justicia es obligada a intervenir, aunque los fondos ya defraudados difícilmente se recuperan. Pareciera que, como dicen los conservadores catalanes -ho que és del comú no és de ningú-, y el primero que le echa mano campeón. Lo que me temo es que ello sería del todo incompatible con los vigentes manuales de procedimientos y sistemas de financiación de los partidos, y me pregunto ¿habrá alguien que se atreva a tratar ética, racionalmente, con transparencia, este milmillonario enredo que todos conocemos pero que nadie afronta, mientras sigue arrastrando por el sumidero recursos tan necesarios para crear puestos de trabajo y pagar los sueldos y las pensiones a los trabajadores?
